La Fiscalía de la Nación informó hoy que ha remitido a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República el informe de las coordinaciones realizadas con la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) orientadas a garantizar, primero, el cumplimiento de la medida de videovigilancia al exministro de Transportes, Juan Silva, y, segundo, su detención preliminar.
Al respecto, la Fiscalía señaló que la medida de videovigilancia al exministro fue dispuesta el 27 de mayo y su ejecución quedaba en manos de la División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, en coordinación con la Dircocor. Sin embargo, el 3 de junio, al solicitar a dicha división el informe policial respecto a la ejecución de la videovigilancia, la Dircocor envió solamente un informe de verificación de inmuebles realizados el 3 y 4 de junio. Es decir, omitiendo 8 días de información de la videovigilancia dispuesta.
Omisiones sospechosas
Según la información del Ministerio Público, el 27 de mayo se comunicó de la medida de videovigilancia dispuesta contra Juan Silva al jefe de la Dircocor, vía WhatsApp, «a fin de que tome conocimiento inmediato de la disposición y conforme a lo coordinado previamente en reuniones y comunicaciones telefónicas». Además, la Fiscalía habría entregado físicamente el documento de la disposición fiscal al comandante de ese equipo policial.
Al respecto, según señala el Ministerio Público, la disposición establecía que la PNP «debía informar sobre los lugares de permanencia, desplazamiento; así como de las actividades realizadas y de las personas con las que se habría reunido» el exministro de Transportes.
Pese al requerimiento de la Fiscalía, según la información, la PNP no cumplía con remitir informe escrito alguno y solo respondió los días siguientes «que no lo tenían ubicado físicamente, pero que estaban realizando un seguimiento digital, el cual formaba parte de un procedimiento de inteligencia».
El viernes 3 de junio, la Fiscalía solicitó los informes previos a la PNP para «evaluar la estrategia para viabilizar la detención preliminar» dispuesta contra Silva. La respuesta de la Dircocor llegó al día siguiente, según la información, solo con reportes de «acciones de verificación de inmuebles realizados los días 3 y 4 de junio».
«La falta de información dificultaba la orden de allanamiento con fines de detención al desconocerse el paradero del exministro, pese a la medida de videovigilancia para asegurar su ubicación», explica la Fiscalía en su informe.
Amigo de Pedro Castillo está no habido
La información del Ministerio Público señala que el sábado 4 de junio, cuando el Poder Judicial dispuso la captura de Silva, al no tener información policial de su ubicación «se optó estratégicamente» por realizar su captura «al momento de su citación al despacho fiscal». Al no concurrir a la diligencia, se comunicó a la PNP que realice la ubicación y detención del exministro.
«Para esta fecha la autoridad policial continuaba sosteniendo que monitoreaba al exministro, aunque no contaba con la ubicación efectiva de su paradero», refiere el informe de la Fiscalía.
Además, el Ministerio Público sostiene que no se le informó que Juan Silva «solicitó el retiro del servicio de resguardo policial oficial que le correspondía en su condición de exministro de Estado», pese a que la Dircocor tenía que mantener la videovigilancia dispuesta.
La Fiscalía señaló que esta información, y toda la documentación correspondiente que la sustenta, ha sido remitida a la Comisión de Fiscalización del Congreso de manera voluntaria «para el esclarecimiento de las acciones realizadas»
