El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el ex primer ministro Alberto Otárola por presunta contratación irregular de Yaziré Pinedo, joven con la que habría mantenido una relación sentimental desde 2020. La denuncia, que deberá ser evaluada en las próximas horas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), sostiene que Otárola habría utilizado su influencia para favorecer a Pinedo con contratos en el Estado.
Según la Fiscalía, Otárola intervino de manera indirecta en el proceso de contratación de Pinedo dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuando era su titular. A través del entonces director de Administración de la PCM, Luis Antonio Alemán Nakamine, habría garantizado su ingreso como única postulante en un proceso sin los filtros debidos. Posteriormente, ya en el Ministerio de Defensa, habría coordinado con la viceministra Ninoska Mosqueira para que Pinedo reciba dos órdenes de servicio por un total de S/ 53,000.
El Ministerio Público argumenta que estas contrataciones se dieron sin estudios de mercado ni mecanismos de competencia, y que se trataron de decisiones impuestas desde niveles superiores. Dicha conducta encajaría en el delito de negociación incompatible, ya que Otárola habría utilizado su cargo para beneficiar de forma indebida a una persona con la que mantenía vínculos personales.
La denuncia cobra mayor notoriedad tras la difusión de un audio por el programa Panorama, en el que se escucha a Otárola conversar afectuosamente con Pinedo mientras le ofrece una oportunidad laboral. Esta grabación provocó un fuerte escándalo político, pues evidenciaría una cercanía que podría haber motivado las contrataciones cuestionadas.
Por su parte, Yaziré Pinedo ha negado haber sido favorecida por Otárola. En declaraciones a Canal N, aseguró que su ingreso al Estado fue gestionado por César Figueredo y no por el ex primer ministro. También señaló que el audio difundido está editado y que forma parte de una campaña política para perjudicar a Otárola. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado la veracidad completa de estas versiones ni el impacto legal de las pruebas presentadas.
