La Fiscalía de la Nación ha solicitado una medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de 9 meses para un estudiante acusado de realizar pintas contra Dina Boluarte, en medio de las recientes marchas nacionales que se llevaron a cabo la última semana. El joven fue detenido el pasado sábado 22 de julio luego de haber sido señalado como responsable de dos pintadas en contra de la mencionada autoridad.
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, ha tomado el caso y ha denunciado una serie de atropellos y presuntas irregularidades en el proceso de detención y acusación contra el estudiante. La solicitud de prisión preventiva fue comunicada el martes 25 de julio para que la audiencia se lleve a cabo el miércoles 26 a las 8:00 a. m. Sin embargo, la audiencia fue pospuesta para realizarse el jueves a la misma hora.
Según Quispe, las imputaciones de la fiscal Rocío Castañeda Layseca de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima son consideradas «contradictorias». Se acusa al estudiante de haber realizado pintadas en la fachada del Poder Judicial y en el paseo de los héroes Navales, pero el abogado cuestiona la figura de la prisión preventiva por un delito de disturbios y considera absurdo el pedido de 9 meses de prisión.
Además, se ha denunciado una posible detención arbitraria en el caso de Óscar Bellido, el estudiante acusado. La única prueba presentada por la Fiscalía para iniciar la investigación fue la declaración de un coronel de la PNP, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de la captura. La defensa ha solicitado que la audiencia sea prorrogada para tener tiempo de analizar el caso y obtener todos los elementos de prueba necesarios.
En el transcurso de su detención, Óscar Bellido habría sufrido un cuadro de asma que no fue atendido oportunamente por las autoridades, lo que ha generado preocupación sobre el respeto a sus derechos como detenido. La familia del estudiante denunció la falta de atención inmediata por parte de la Policía y la Fiscalía en garantizar su integridad física.
La situación ha generado una serie de cuestionamientos y críticas sobre el manejo del caso y la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, lo que ha llevado a la defensa a pedir una revisión exhaustiva del proceso antes de tomar una decisión.
