Como se recuerda, el Equipo Especial Lava Jato había solicitado a la Fiscalía de la Nación ampliar su competencia con el fin de investigar a Vizcarra por la presunta recepción de un soborno de la empresa Obrainsa.
El diario ‘El Comercio’ reveló el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, que asegura que Vizcarra recibió un millón de soles cuando era gobernador regional de Moquegua a cambio de favorecer a la concesión de dicha obra que integraba Obrainsa, firma involucrada en el caso ‘Club de la construcción’.
Del mismo modo, el presidente de la República Martín Vizcarra en una entrevista que tuvo el último domingo con el programa Panorama negó que la empresa Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) le haya hecho un pago ilícito de S/1′000.000 por dicha licitación y rechazó “categóricamente” la declaración que el aspirante a colaborador eficaz N° 10-2018 dio al fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, información que fue revelada por el diario El Comercio.
Vizcarra señaló en Panorama que el proceso de licitación por el Proyecto Lomas de Ilo, en Moquegua, que ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi, lo realizó Unops y que tenía “completa reserva de todo el proceso”.
Según informaciones difundidas por el diario El Comercio quién consultó con la Unops sobre la licitación que ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi y a través de dos correos electrónicos enviados el 14 y 15 de octubre último a El Comercio aseguró que la decisión de adjudicar a la empresa ganadora siempre la tuvo el Gobierno Regional de Moquegua donde Martín Vizcarra era el Gobernador regional.
La Fiscalía de la Nación a través de su cuenta de twitter comunicó que el Equipo Especial Lava Jato no puede investigar al presidente Martín Vizcarra por el Caso Obrainsa, pues no es de su competencia y se encuentra fuera de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político.
Mediante un comunicado, el ministerio Público indicó que los hechos revelados por un aspirante a colaborador eficaz sobre la presunta entrega de dinero por parte de un representante de la empresa Obrainsa habrían ocurrido en el 2014, cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua.
“Por lo tanto queda fuera de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político (Art. 99 de la Constitución Política) y es de competencia de una fiscalía provincial”, señaló en el documento.
La Fiscalía de la Nación remarcó que los hechos que involucran al jefe de Estado corresponderían ser investigados por el subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
“Y en los casos que los hechos ocurran en más de un distrito fiscal, la competencia es asumida por una fiscalía supraprovincial anticorrupción con sede en Lima”, señaló.
