La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre.
Asimismo, Braulio Grajeda, actual viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha sido incluido en dicho caso, según informó El Comercio.
De acuerdo al fiscal a cargo, Richard Rojas Gómez, ambos funcionarios y afiliados al partido Perú Libre, abrieron una cuenta mancomunada en el BCP, donde recaudaron aportes ilícitos.
Todos los trabajadores que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) del Gobierno Regional (GORE) de Junín depositaban en la cuenta S/100 mensuales. Este dinero tenía como objetivo pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido y exgobernador de Junín, por su condena por corrupción.
La incorporación de Dina Boluarte en el caso se debe a las declaraciones de colaboradores eficaces y a la nueva evidencia encontrada por el Ministerio Público, que surgió a raíz de la investigación de Los Dinámicos del Centro.
Al respecto, Grajeda aseguró que el comité regional de Lima de Perú Libre hizo una colecta voluntaria para ayudar a Vladimir Cerrón y por eso se abrió una cuenta en el BCP.
De igual manera, el 16 de setiembre de este año, Dina Boluarte dijo que la finalidad de la cuenta mancomunada era «colaborar y apoyar con el pago de la reparación civil del secretario general de Perú Libre y evitar que vaya a prisión».
Entre los investigados se encuentran Vladimir Cerrón; su madre, Bertha Rojas; el ex primer ministro Guido Bellido, Richard Rojas García, el congresista Waldemar Cerrón, como persona jurídica el partido político Perú Libre, entre otros dirigentes.
Un aspirante a colaborador eficaz señaló que la recaudación del dinero era «orden de la cúpula de Perú Libre» y a nivel nacional. A través de los diversos grupos de WhatsApp del partido, se difundía el número de cuenta a nombre de Dina Boluarte y Braulio Grajeda.
El Comercio mostró el testimonio de este colaborador eficaz, quien señaló que los trabajadores CAS tenían que aportar S/100, pero «los funcionarios debían de dar un monto mucho mayor».
“De los pagos efectuados en la suma de S/100 a los trabajadores CAS era de sus respectivos sueldos, pero obligados a aportar, tal como ya lo mencioné, pero los funcionarios daban una cuota mucho mayor. Algunos S/10.000, que provenían de coimas que pagaban los usuarios para la obtención de sus licencias de conducir, por contrataciones de servicios, obras en mantenimiento de vías, entre otros, etc., que incluso estos funcionarios en algunos casos depositaban por intermedio de terceras personas para que no figuren sus verdaderos nombres”, dijo.
Cabe anotar que estos sobornos son los que se investigan en el caso Los Dinámicos del Centro.
