En una decisión que marca un punto de quiebre en la lucha contra la corrupción, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso la desactivación de los equipos especiales de fiscales, entre ellos el emblemático Equipo Especial Lava Jato, mediante resoluciones publicadas el 6 de enero, a primera hora del día.
De acuerdo con lo señalado por el propio Gálvez, la medida se concretó de manera estratégica en una fecha simbólica, al afirmar que “la resolución sale en la Bajada de Reyes”, en referencia al momento elegido para oficializar la disolución de estos grupos especiales.
Las resoluciones del Ministerio Público —N.os 005, 006, 007 y 008-2026-MP-FN— establecen el cierre de equipos dedicados a casos de alta sensibilidad, como las investigaciones por corrupción de funcionarios, lavado de activos, protestas sociales y el caso Odebrecht.
Como consecuencia directa, quedaron fuera de sus cargos Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, y José Domingo Pérez Gómez, uno de los fiscales más visibles de dicho grupo. Ambos magistrados habían liderado por años las investigaciones más emblemáticas vinculadas a la constructora brasileña y a presuntos actos de corrupción de alto nivel.
La decisión ha generado una fuerte controversia política y jurídica. Mientras sectores críticos celebran la salida de lo que califican como fiscales “ineficaces y politizados”, otros advierten que la desactivación de los equipos especiales podría debilitar procesos clave y favorecer la impunidad. En particular, la disolución del equipo Lava Jato ha sido interpretada como el cierre definitivo de una etapa marcada por investigaciones prolongadas y resultados cuestionados.
Con esta medida, la Fiscalía de la Nación reconfigura su estructura interna y abre un nuevo escenario en el tratamiento de los casos de corrupción, dejando en suspenso el futuro de investigaciones que durante años dominaron la agenda política y judicial del país.
