La fiscalía presentó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) el informe en el que señala que la firma Norberto Odebrecht y algunas de sus empresas vinculadas no tienen investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz. Este requisito fue exigido por la jueza María de los Ángeles Camacho para atender el pedido de reembolso de dinero solicitado por la empresa brasileña luego de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco.
Según informaciones de el diario El Comercio, en un documento que consta de 12 páginas y que fue presentado por el equipo especial el viernes 26 de julio a las 9:33 a.m. a la coordinadora ejecutiva de la unidad funcional encargada de implementar y ejecutar las disposiciones de la Ley 30737 del Minjus, Cecilia García Díaz, responsable del fideicomiso que quedó en garantía.
Después de la búsqueda interna que realizó el equipo especial en las cuatro fiscalías que forman este grupo de trabajo, señala el documento que “no tienen en sus respectivos despachos, investigación preparatoria o procesos penales [contra Odebrecht] conforme a lo solicitado por esta coordinación del equipo especial”.
Asimismo, agrega: “No existen investigaciones preparatorias o procesos penales en todo el país contra la constructora luego de la búsqueda realizada a través del sistema de consulta de casos del MPFN [Ministerio Público y Fiscalía de la Nación]”.
Según el documento presentado, y de acuerdo a la interpretación del equipo especial, las indagaciones a Odebrecht se encuentran en etapa preliminar, es decir “solo se alude a una sospecha inicial simple” dentro de la competencia del Ministerio Público. En cambio “en la preparatoria [se alude] a una sospecha reveladora”, en la que necesariamente se pronuncia un juez.
La exprocuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, aseguró que el el informe remitido al Ministerio de Justicia por parte del Ministerio Público estaría incompleto y sesgado, favoreciendo así a la empresa Odebrecht.
En comunicación con el diario EXPRESO, la abogada puso en alerta que el Estado no debe desembolsar un solo sol a la constructora, puesto que varias obras en las que se repartieron coimas no están incluidas formalmente en el acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía, la Procuraduría y la mencionada empresa.
“Lo que está haciendo la Fiscalía es prácticamente autorizar al Estado el pago de 524 millones de soles a la empresa corrupta, a través de un informe sesgado e incompleto porque, si bien es cierto, ellos señalan que no tienen proceso penal o preparatorio en su contra, no han explicado con esa misma firmeza que si existen varias investigadores preliminares, de las cuales algunas ya deberían pasar a ser investigación preparatoria”, manifestó la exprocuradora para el diario Expreso»
Fuente: Diario El Comercio | Diario Expreso
