La Fiscalía de la Nación archivó el caso contra la exprimera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de usurpación de funciones. “Ordeno el archivo definitivo de la presente investigación una vez que sea consentida o confirmada”, señala el oficio del tercer despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María a cargo de Fanny Uribe Tapahuasco
“Se dispone declarar que no procede formalizar y continuar investigación preparatoria contra Nadine Heredia Alarcón por la presunta comisión del delito contra la administración pública, delitos cometidos por particulares y usurpación de funciones, en agravio del Estado”, se lee en el documento emitido por la Fiscalía.
Las diligencias iniciaron tras un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, emitida en el año 2017, donde acusaron a Heredia de una supuesta “injerencia” en las funciones de su esposo y entonces presidente Ollanta Humala.
A la exprimera dama, Nadine Heredia se le atribuyeron diversos cargos, entre ellos, el uso irregular del avión presidencial, en agosto del 2012, para un encuentro en Brasil; su interferencia en proyectos mineros durante el 2011; su injerencia en compra de armamento para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el 2013; o interferir en las labores de un ministro de Economía en torno a pronunciamiento sobre la situación de un posible incremento del sueldo mínimo vital, informó Correo.
El organismo recogió las declaraciones de 37 testigos y la documentación necesaria. En el documento correspondiente se señala que “no fue posible corroborar la noticia criminal sobre la presunta comisión del delito (…), por el contrario, los elementos de convicción recabados descartaron la imputación inicial”.
El caso llevaba al menos seis años en la Fiscalía. Según un informe de la Contraloría, Presidencia aparentemente pidió a la Fuerza Aérea hacer uso de aeronaves para un aproximado de 75 vuelos personales: 65 al interior del país y diez al extranjero; estas “habrían tenido por finalidad hacer proselitismo político, ocasionando un gasto al Tesoro Público de S/3 267,631.
