El Ministerio Público abrió este martes una investigación preliminar contra Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, y contra Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada. También incluye a Carola Gisella Rodríguez Bringas, como presunta cómplice de dicho delito.
Esta investigación se da por la contratación de su excuñada, Carola Gisella Rodríguez Bringas, como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un suelo de 15 500 soles. Esta revelación fue dada a conocer en el semanario «Hildebrandt en sus Trece».
Alberto Otárola designó a Alfonso Adrianzén como su jefe del gabinete de asesores. Luego, al pasar como primer ministro, lo nombró como su secretario general, cargo en el que se quedaría hasta el 13 de enero.
El premier colocaría a Adrianzén para desempeñarse como ministro de Trabajo en reemplazo de Eduardo García. Este último renunció en protesta por las muertes registradas como consecuencia de los enfrentamientos durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.
Responden los investigados
Alberto Otárola negó que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio de Trabajo y negó haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez.
«En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare», indicó en sus redes sociales.
Por su parte, el ministro Alfonso Adriánzen aseguró que la contratación de su asesora ya fue explicado, pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía.
«El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del Premier para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes», escribió en su cuenta de Twitter.
Investigado por presunto genocidio de vándalos
Alberto Otárola afronta además otra investigación en la Fiscalía por el presunto delito de genocidio junto a la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Por este caso ya fue a declarar el pasado 23 de enero.
En este proceso también se ha incluido a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior. Esto debido a que formaban parte del gobierno durante las primeras manifestaciones que se reportaron en quincena de diciembre.
