La fiscal anticorrupción Ana Zegarra Azula requirió al Poder Judicial de Lambayeque que varíe la sentencia de tres años de prisión suspendida que pesa sobre el congresista de Alianza para el Progreso, Humberto Acuña, por una de cárcel efectiva.
La condena, además, dispone la inhabilitación de Acuña Peralta para ocupar cualquier cargo público por el plazo de tres años.
El sustento del nuevo pedido de Zegarra, conoció Perú21, es que el hermano del candidato presidencial César Acuña no ha cumplido con el pago de S/68,199 de reparación civil ni con los 274 días multa que le dictó Tercera Sala Penal de Apelaciones en setiembre pasado.
La sentencia señala que, siendo gobernador de Lambayeque, el parlamentario autorizó en 2014 a su cuñado Elver Díaz Bravo para que convenza al fallecido policía Joel Ugaz Cubas de realizar una diligencia de toma de declaración a cambio de S/750.
De esa manera, el entonces gobernador quería evitar que ser conducido de manera compulsiva a una citación fiscal donde era investigado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio.
Como prueba existen conversaciones telefónicas del 26, 27 y 29 de noviembre de 2014 “en las que se vislumbra que realizó actos que configuran el delito de cohecho”.
“Ya se pagó todo”
César Nakazaki, abogado del condenado legislador, señaló a Perú21 que su patrocinado ya pagó la reparación civil dentro de los diez días de plazo que ordenó la justicia.
“La multa fue pagada antes de interponer el recurso de casación (en setiembre) y la reparación también fue pagada y comunicada al juez; quizás es que por la pandemia, y ante el cierre de oficinas, no se haya tomada conocimiento del expediente”, aseguró.
Nakazaki también indicó que no corresponde vacar a su defendido porque, de acuerdo al reglamento del Congreso, solo podría ser desaforado por sentencia efectiva y definitiva.
“Acuña ha sido condenado a pena suspendida, no efectiva; y sobre lo definitiva, eso solo aplica si el proceso culmina y eso no ha sucedido porque existe una casación presentada a la Corte Suprema”, alegó.
El Poder Judicial debe fijar fecha para evaluar en audiencia el requerimiento de la fiscal Zegarra.
