Como se recuerda el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros fueron denunciados por la Procuraduría Anticorrupción de Junín, a cargo de Nora Flores, por los presuntos delitos de peculado y colusión, por el resguardo policial irregular y los contratos del suboficial PNP Carlos Zárate.
En la denuncia por presunto peculado también fueron incluidos el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, así como el efectivo policial Carlos Zárate.
La procuradora anticorrupción, Nora Flores, denunció por el delito de colusión a Cerrón, Orihuela, Gregoria Villalobos Cerrón (madre del PNP Carlos Zárate), Yeni Estrada Velasco, Luz Misayauri Sovero, Oscar Zárate Nisayauri, Óscar Zárate Palomino, Víctor Zárate Palomino y los que resulten responsables, solo en la Región Junín, por los contratos de los familiares del Policía, Carlos Zárate que ascendieron a S/ 18´293,719.57 .
Según la denuncia, las personas implicadas habrían ganado un total de S/25‘055,209.51 en contratos con el Estado, en las regiones Junín, Cusco y Huancavelica.
Según informaciones difundidas por el diario El Comercio, solo en la región Junín, los contratos ascendieron a S/18´293,719.57, mientras que otros S/6.7 millones los obtuvieron en Cusco y Huancavelica pero sobre ello no tiene jurisdicción la procuraduría ni la fiscalía de Junín.
El hecho denunciado por la procuradora anticorrupción se vincula a los contratos que realizó la familia del efectivo policial Carlos Zárate, con el Gobierno Regional de Junín y municipios de la jurisdicción.
Sin embargo, los contratos de los implicados no solo se circunscribieron a la región Junín; según la denuncia, también fueron beneficiados Cusco y Huancavelica.
El monto total con el que se beneficiaron los familiares del efectivo policial -que eran militantes de Perú Libre y sus empresas- ascendió a S/25′́055,209.51 en contratos con el Estado.
“Conocida la noticia, verificamos tal información en el portal web del SEACE, por lo que a fin de contextualizar señor Fiscal, identificamos a los siguientes familiares directos, quienes presuntamente habrían sido favorecidos con diversos contratos con entidades públicas, tanto en nuestra región como en las regiones de Cusco y Huancavelica”, se indica.
Fuente: Diario El Comercio
