La exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, Mónica Yaya, dio a conocer en su cuenta de Twitter que cumpliendo su deber de ciudadana, ingresó una denuncia contra la ratificada ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, por presuntos delitos de corrupción de funcionarios en la contratación de la empresa de su padre y hermano con el estado.
DENUNCIA
Cumpliendo con mi deber ciudadano, y con la intención de evitar que la corrupción siga dañando nuestro país, acabo de ingresar hoy denuncia contra Ministra de Econ. @ToniAlvaL por presuntos delitos de Corrupción de Funcionarios en contratación de la empresa de su padre. pic.twitter.com/47NCFDNDCq— Mònica Yaya (@MonicaYaya) August 6, 2020
Los ministros en función y sus familiares están impedidos de contratar con Estado, así lo estipula la Ley de Contrataciones. Sin embargo, presuntamente la empresa familiar de la titular del Ministerio de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, hizo caso omiso a esa normativa.
La historia empezó luego que María Antonieta Alva fuera designada como Ministra de Economía y Finanzas el 3 de octubre de 2019. Casi dos meses después de ese nombramiento, el 27 de noviembre del mismo año, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) le otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice – Hidroenergia, para que brinde servicios de consultoría. El monto del contrato fue por un millón y medio de soles.
Una de las dos empresas que integra el consorcio ganador es Hidroenergía Consultores en Ingeniería, una compañía de responsabilidad limitada que tiene como accionistas a Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano respectivamente de la actual ministra de Economía y Finanzas. Ambos, según la normativa vigente, estaban impedidos de contratar con el Estado.
“Hay una falta administrativa que determina la inhabilitación de las empresas que conforman el consorcio y esto lo tenía que haber hecho el OCSE, sin que haya una denuncia pública porque ésa es su función”, dijo Mónica Yaya, expresidenta del tribunal de este organismo fiscalizador.
La exfuncionaria del OSCE agregó que “tendrá que iniciarse una investigación a nivel fiscal, porque al indicar que no había impedimento, se ha incurrido en el delito de falsa declaración en el proceso administrativo que tiene una pena privativa de la libertad hasta de 4 años”.
Con información adicional de América Noticias y pderecho.pe
