Luego que el Congreso le negara la confianza a dos Consejo de Ministros del gobierno elegido para el periodo 2016-2021, el presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el Parlamento el pasado 30 de setiembre. Este miércoles se cumple un mes y varios excongresistas pierden la inmunidad parlamentaria.
Según el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, los congresistas «no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante».
Cabe precisar que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa constitucional de la que gozan los congresistas, por la cual no pueden ser detenidos o presos por sus opiniones, ni procesados o detenidos, sin la autorización previa del Congreso de la República o de la Comisión Permanente.
Ahora que el Congreso fue disuelto hace 30 días, son varios congresistas que tienen investigaciones en el Ministerio Público; sin embargo, varios de estos mantienen su inmunidad parlamentaria por formar parte de la Comisión Permanente.
De otro lado, hay exparlamentarios que sí podrán ser procesados libremente por la Fiscalía. Estos son: Moisés Mamani, Yesenia Ponce y Betty Ananculí. Todos ellos podrán ser investigados como cualquier ciudadano e incluso se podría solicitar cualquier medida cautelar.
MOISÉS MAMANI
El excongresista que llegó al Parlamento con Fuerza Popular, es investigado por un caso de tocamiento indebido con una trabajadora de una línea aérea. En setiembre de este año el Pleno del Congreso aprobó suspenderlo por 120 días sin goce de haber.
YESENIA PONCE
El Ministerio Público investiga a la excongresista por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado, debido a que presuntamente pagó diez mil soles al exdirector de un colegio para obtener un certificado de estudios.
BETTY ANANCULÍ
Recordemos que la excongresista fujimorista es investigada por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado, tal como lo solicitó semanas atrás el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.
