¡CONTRA EL RELOJ! Tras la disolución del Congreso empieza a correr el tiempo legal contra algunos congresistas de la República que son procesados en el Poder Judicial. Treinta días después de la disolución, los parlamentarios procesados pierden cualquier protección legal.
Richard Acuña Núñez (Alianza para el Progreso): investigado por el delito de fraude procesal, por presuntamente haber adquirido un terreno en litigio, en Trujillo, utilizando documentación adulterada.
El Poder Judicial también pidió el levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista, Wilbert Rozas, del Frente Amplio. A él se le investiga por el delito de peculado doloso en agravio de la Municipalidad de Anta, en Cusco.
Betty Anaculi Gómez (Fuerza Popular): investigada en dos procesos por los delitos contra la fe pública, falsificación de documentos y uso de documentos públicos falsos. Para la fiscalía, Ananculi habría mentido en su hoja de vida al decir que estudió en la Universidad Alas Peruanas. Sin embargo, los fiscales detectaron que las actas de estudio son falsas.
Moisés Mamani (Fuerza Popular): Él es investigado por los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones. Además, tiene una investigación por el delito contra la libertad sexual por tocamientos indebidos.
Yesenia Ponce Villareal (antes de Fuerza Popular y ahora de PPK) es investigada por el delito contra la fe pública y falsa declaración en proceso administrativo, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones por mentir en su hoja de vida.
Joaquín Dipas (Fuerza Popular): tiene una sentencia efectiva de cinco años por el delito de colusión. Sin inmunidad parlamentaria, Dipas podría ir directo a la cárcel.
Muchos de los casos habían sido blindados por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y se había rechazado los requerimientos de la justicia. Ahora sin protección legal, otra será la historia.
