El sistema penitenciario del Perú enfrenta una creciente presión financiera y estructural. Según datos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta abril de este año, el Estado destinó un total de 3 millones 056 mil 520 soles diarios para mantener a los 101.884 reclusos que hay en los 69 penales del país. Esto representa un gasto diario de S/ 30 por interno y más de S/ 91 millones al mes, incluyendo alimentación (S/ 7 diarios), seguridad y otros servicios operativos.
Este panorama se da en un contexto de hacinamiento crítico. El Perú ocupa el puesto 19 a nivel mundial en sobrepoblación penitenciaria, con una tasa de ocupación del 238.1 %, y el segundo lugar en Sudamérica, después de Bolivia. Solo en los primeros cuatro meses del año, la población penal aumentó en 2.436 personas. Además, hay 5.454 extranjeros privados de libertad, la mayoría por delitos como robo agravado, tráfico ilícito de drogas, extorsión y homicidio calificado.
La mayoría de los presos tiene entre 25 y 39 años, y el 62% ya ha recibido condena, frente a un 38% que aún se encuentra en condición de procesado. Del total, 96.549 son hombres y 5.335 mujeres. Un informe de la Dirincri atribuye este aumento a la violencia creciente en la región y a una política judicial que recurre frecuentemente a la prisión preventiva. El ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, anunció que el gobierno trabaja en un plan para liberar a unos 6 mil reclusos con penas menores o en condiciones legales de acceder a beneficios penitenciarios.
En julio se reportaron excarcelaciones polémicas, como las de alias ‘Jhon Pulpo’ y ‘Panetón’, además de fugas que pusieron en evidencia las deficiencias del sistema. Aunque el criminólogo José Luis Pérez Guadalupe sostiene que el INPE aún mantiene el control de los penales, reconoce fallas estructurales profundas. El gobierno ha anunciado la ampliación de penales en Puno, Lampa, Iquitos y Chimbote, con 864 nuevas plazas, y la reactivación de obras en Pucallpa, Arequipa e Iquitos, además de un nuevo penal en Abancay.
En cuanto a la educación en prisión, las cifras muestran contrastes marcados: 1.589 presos son analfabetos, mientras que más de 40 mil tienen secundaria completa y cerca de 8 mil cuentan con estudios superiores, completos o incompletos. Las autoridades afirman que la garantía de educación para todos los internos es una prioridad que requiere mayor articulación entre sectores del Estado. Pese al elevado costo del sistema penitenciario, las condiciones de hacinamiento y las brechas en rehabilitación continúan siendo desafíos pendientes.
