El Pleno del Congreso de la República aprobó el 14 de septiembre la autógrafa de ley que prohíbe las llamadas spam con fines comerciales, a pesar de haber sido observada por el Poder Ejecutivo en mayo de este año. La medida, respaldada por los legisladores, establece que las empresas solo podrán comunicarse con los usuarios cuando hayan dado su consentimiento expreso.
El Ejecutivo había observado la propuesta en tres puntos: la necesidad de aplicar un test de proporcionalidad debido a la afectación de los derechos fundamentales de las personas, la afectación del principio de coherencia normativa y la falta de justificación en los tres proyectos de ley que conforman el dictamen. Sin embargo, la Comisión de Defensa del Consumidor desestimó estas observaciones y optó por insistir en la aprobación de la medida.
La congresista Katy Ugarte, una de las autoras de los proyectos de ley que conformaron el dictamen, señaló que las llamadas spam afectan a la mayoría de la población y constituyen una mala práctica de los proveedores de servicios. Estas llamadas, que ocasionan malestar, no respetan horarios laborales ni de descanso y se reciben todos los días a cualquier momento con fines publicitarios y de cobranza.
Rosangella Barbarán, vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, afirmó que los derechos fundamentales de las personas tienen un peso superior al derecho de la libre empresa, y que la actividad de los call centers no está siendo prohibida. Según el registro de Indecopi, Telefónica del Perú, Entel y el sector financiero y de seguros han sido las empresas y sectores con más quejas por llamadas spam de parte de los usuarios.
