La madrugada del 18 de abril de 2022, agentes de la división de investigación de delitos de alta complejidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Ventanilla, junto a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, allanaron en una intervención la vivienda del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, Ricardo César Rojas León. El funcionario es sindicado de haber cometido varios ilícitos, entre ellos cohecho pasivo, tráfico de influencias y organización criminal.
Estas diligencias se llevaron a cabo simultáneamente en otras seis viviendas de funcionarios judiciales señalados de estar involucrados en delitos similares a los presuntamente cometidos por el fiscal Rojas León, como parte de la organización criminal Huracán, dedicada a realizar favores judiciales. Entre los intervenidos se encuentra José Luis Bocanegra Corcuera, asistente del que hasta hace poco fungiera como presidente de de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur.
De acuerdo a la hipótesis establecida por la autoridad policial, tanto Rojas León como su asistente habían estado recibiendo coimas de organizaciones criminales por lo menos desde el año 2012, entre lo que se cuentan traficantes de terrenos conocidos por su acciones en los balnearios de distritos del sur de la capital.
Por el momento, son cuatro los casos principales imputados en contra del fiscal Rojas León y Bocanegra Corcuera. En primer lugar, el caso Corbacho, por el cual entre 2012 y 2013 el acusado principal habría recibido 5.000 dólares. En segundo término, se lo señala por el caso Chela, ocurrido en 2013, y por el que recibió 2.500 dólares para formular una denuncia contra dos mujeres por el presunto delito de usurpación, que derivó en la detención de las ciudadanas mencionadas.
Por otro lado, en el 2012, Ricardo César Rojas León no dispuso que el fiscal de turno se acerque a la comisaria de Punta Negra para que asuma las diligencias ordenadas por la Policía para el caso de un abogado, identificado como Wellington Ojeda Guerra, detenido por conducir en estado de ebriedad y resistencia a la autoridad. Ello resultó en una sanción para este sujeto, quien tuvo que pagar una reparación civil, sin perder la licencia de conducir.
Por último, la última acusación que se le imputa al fiscal es la compra fraudulenta de 60 hectáreas de terrenos a la Municipalidad de San Bartolo, por la cual se denunciaba a dos hombres y al propio municipio. Al respecto, el fiscal Rojas habría coordinado con Juan Carlos Sánchez Valbuena, juez superior provincial integrante de Sala 1 Penal de Apelaciones de Lima, para que se emitiera una sentencia que favoreciera a los denunciados, por lo que recibió un monto de 30.000 dólares.
Según lo establecido por las disposiciones legales, Ricardo César Rojas León será detenido preliminarmente por seis días para luego ser trasladado a la sede de la Dirincri en la avenida España, tras lo cual podría recibir 36 meses de prisión preventiva. La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias en la casa del fiscal a fin de poder hallar los tres celulares que usaba para sus coordinaciones, de los cuales se ha encontrado solo uno.
La intervención policial llevada a cabo tuvo su origen en una investigación que data de octubre de 2021, ligada a un caso de tráfico de terrenos, por el cual se ordenó en aquel entonces solo un allanamiento a la vivienda del fiscal a fin de recopilar pruebas para este caso. No obstante, al hallarse elementos de convicción de otros casos diferentes al original, se procedió a llevar a cabo el operativo policial en contra de Ricardo César Rojas León y sus colaboradores.
