La denuncia constitucional 365 formulada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos en contra de Daniel Salaverry por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica fueron declarados procedentes por la Comisión Permanente del Congreso.
De acuerdo a la acusación presentada por Ávalos, Salaverry se habría apropiado del presupuesto destinado a gastos de representación en el 2017, sustentando las supuestas actividades oficiales con facturas de servicios inexistentes cuando era funcionario público.
Asimismo, se declaró procedente la denuncia constitucional contra el exlegislador por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, tipificada en el artículo 428 del Código Penal. Esta acusación fue realizada por el ciudadano Carlos Ernesto Quispe Gonzales.
La denuncia realizada por el excongresista Daniel Sánchez por el presunto delito de falsedad genérica tipificada en el artículo 384 del Código Penal, así como la presunta infracción del artículo 103 de la Constitución Política, en contra del expresidente del Congreso, también fue admitida.
Como se informó, el exlegislador fue acusado de presuntamente haber armado un oficio con información falsa sobre su viaje a La Libertad en semana de representación cuando era parlamentario.
En la documentación presentada, se observaron fotografías pasadas de un viaje realizado en el 2013 para una reunión que mantuvo Daniel Salaverry junto a los pobladores del sector Nuevo Jerusalén, en Trujillo. Este informe era para recibir la remuneración por sus gastos ejecutados.
Respecto a esto, Salaverry manifestó: “…Sobre lo de la falsedad, ya demostré con un peritaje que ese informe no lo elaboré ni lo firmé yo”.
Otras dos denuncias en contra de Salaverry fueron declaradas improcedentes
En tanto, las acusaciones que fueron declaradas improcedentes contra Salaverry fueron dos. La primera, realizada por el ciudadano Carlos Quispe por el presunto delito de colusión agravada tipificada en el artículo 384 del Código Penal, así como la presunta infracción del artículo 103 de la Constitución Política.
La segunda inadmitida, fue la denuncia por infracción del artículo 38 de la constitución.
