El Contralor General de la República, Nelson Shack, presentó el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022, un análisis revelador sobre el periodo de gobierno de Pedro Castillo, en el que se destaca la alarmante cifra de 76,408 contratos públicos otorgados de manera directa, sin pasar por procesos de selección o licitación, conocidos como «a dedo».
Esta práctica de fraccionamiento de contrataciones, donde los montos no exceden o igualan a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), fue señalada como uno de los principales problemas en las entidades públicas, tanto a nivel del Ejecutivo como en gobiernos regionales y municipales. Los contratos a dedo detectados movieron más de S/9,250 millones durante el año 2022.
Shack advirtió a los funcionarios involucrados que se les aplica una acción de control y un pliego de cargos para explicar estas prácticas. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, se identifican 431 proveedores involucrados en este tipo de fraccionamiento, generando un gasto cercano a los 31.7 millones de soles.
El informe también destaca la contratación de 8,441 consultores por parte de las entidades públicas, lo que implicó un gasto de más de S/123 millones. Curiosamente, en más del 90% de estas consultorías, se encontró que el personal involucrado en la prestación del servicio estuvo fuera del país, sugiriendo que se realizó de forma remota o incluso que ni siquiera se llevaron a cabo.
Otro punto alarmante del informe es la falta de declaraciones juradas de parientes por parte de los funcionarios. Se encontró que el 47% de los funcionarios del Ejecutivo, el 30% de los gobiernos municipales y el 29% de los gobiernos regionales no cumplieron con esta obligación.
Un hecho que resalta es que el 40% de los funcionarios del gobierno de Castillo aún tiene pendientes sanciones penales y civiles por su presunta participación en actos de corrupción. Asimismo, el informe reveló que el perjuicio económico por corrupción e inconducta funcional durante el 2022 alcanzó la cifra de S/24,419 millones. Esto representa un grave problema ya que por cada 100 soles gastados, 13 se perdieron por corrupción.
La presentación del informe incluyó un ranking de las 10 entidades públicas con mayor índice de corrupción en el país durante 2022, encabezado por el Gobierno Regional de Áncash y el municipio de Maynas, en Loreto. La exposición contó con la moderación de Cecilia Valenzuela, directora de Perú21, Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, y Carlos Meléndez, experto en Ciencias Políticas.
