El contralor general, Nelson Shack, indicó que se trataría de contrataciones sin proceso ocurridas durante el Gobierno de Pedro Castillo en 2022. Ante esta problemática, dijo que es necesario reformar estos procedimientos.
Un total de 27 mil millones de soles en contrataciones de bienes, servicios y/o obras fueron gastados en 2022 en el país, bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), lo que equivale al 47% del total de S/ 57 500 millones de gasto público realizado en dicho periodo, mientras que el 32% (S/ 18 580 millones) se gastó en contrataciones sin proceso, pues son compras cuyo valor es menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Según explicó el contralor general, Nelson Shack, en 2022, durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo hubo un gasto de S/ 18 580 millones en compras menores a 8 UIT, las cuales indicó eran “contrataciones a dedo”. “No hay competencia, no hay pluralidad y hay poca transparencia, todos sabemos cómo funciona esta modalidad en el Estado, todo es una farsa que cumple con la normatividad”, indicó.
Enfatizó, además, que si las autoridades peruanas buscan procurar que solo haya un sistema de contrataciones públicas, entonces se debe reunir lo mejor de otros mecanismos especiales para tener una misma ley aplicable a todos los casos en general.
Problemáticas
Shack manifestó también que, en términos generales, existen cinco grandes problemáticas en el gasto realizado en contrataciones públicas, de los cuales la primera es la excesiva cantidad de normas de contratación, por lo que se necesita un sistema más simple basado en una sola normativa y más estandarizado. La segunda problemática es el “débil proceso” de programación y planificación, lo que genera que no haya una idea clara de lo que se va a contratar en el estado.
En tercer lugar, está la problemática de las contrataciones sin proceso, lo que genera problemas de falta de transparencia, competencia y pluralidad de postores. “Hay una enorme cantidad de gasto que se va en contrataciones sin proceso, es decir las que son menores a 8 UIT”, dijo.
La cuarta problemática es la poca cantidad de proveedores con experiencia en contrataciones públicas y eso origina que las contrataciones se hagan con precios muy caros, ya que no hay una competencia real de postores e inclusive hay casos de tres postores que pueden pertenecer a un mismo dueño. La quinta problemática se debe a las debilidades en los procedimientos de selección y deficiente administración de los contratos.
Informes de Contraloría
El contralor participó de una mesa de trabajo de análisis de aportes y recomendaciones al proyecto de Ley 5472, que plantea la nueva Ley de Contrataciones del Estado, organizado por el Congreso de la República.
Durante este evento, también dio cuenta sobre que la Contraloría emitió 3 364 informes de control posterior entre 2018 y 2022, que permitieron establecer presuntas responsabilidades de tipo administrativa, civil y penal por parte de 11 927 funcionarios en hechos irregulares detectados en procesos de contrataciones públicas en el país.
Asimismo, señaló que en el mismo periodo Contraloría realizó un total de 17 362 informes de control simultáneo a las contrataciones del Estado, con los cuales se emitieron un total de 22 925 alertas o situaciones adversas que generaban riesgos para estas actividades y fueron comunicadas oportunamente a las entidades públicas involucradas.
Desde Contraloría precisaron que del total de alertas emitidas el 40.3% (9 236) se realizaron sobre actos preparatorios, el 23.6% (5 402) corresponden a los procedimientos de selección, el 27.3% (6 248) están vinculados aspectos generales y el restante 8.9% (2 039) a la fase de ejecución contractual de las contrataciones públicas.
