Según un informe de la Contraloría de la República, la gestión de Jorge Muñoz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contrató a 10 funcionarios de confianza, los cuales no cumplían con los requisitos establecidos según la norma, siete de ellos habían trabajado con el burgomaestre cuando fue alcalde de Miraflores. Esto ha generado un perjuicio de S/ 1 812 047,44 a la comuna limeña, dinero que se destinó para pagar los salarios de los trabajadores cuestionados.
Según el informe de la Contraloría, el Órgano de Control Institucional de la MML emitió un documento el 17 de mayo de 2020 en el que alertó que (entre enero y marzo de 2019) la Municipalidad había designado a diez funcionarios en cargos de confianza, sin que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el Clasificador de Cargos del 2013, ya que no contaban con el título requerido ni grados académicos.
Tampoco cumplían con los requisitos de “los respectivos Manuales de Organización y Funciones (MOF) de cada unidad orgánica, documentos que eran de público conocimiento; no obstante, dichos funcionarios aceptaron y ejercieron funciones en los cargos designados”, dice la Contraloría.
Caso Luis Ricardo Barrios Ponce
Uno de los casos cuestionados por la Contraloría es el de Luis Ricardo Barrios Ponce en el cargo de subgerente de Personal, quien según “la Ficha de Datos Personales sin número, de fecha 8 de enero de 2019, proporcionada por la Subgerencia de Personal de la MML no ha efectuado ninguna declaración en el recuadro de Grados y Títulos, encontrándose los casilleros sin información; asimismo, en el casillero de ‘nivel de estudio’ declara estudios de Psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega”.
“A la fecha de su designación no contaba con título profesional universitario, ni grado académico de Bachiller con estudios de especialización afín al área funcional”, precisa el informe. En similar situación se encuentran, por ejemplo, Ana María Gotuzzo como subgerente de Eventos y Protocolo, y Juan Francisco Giribaldi Ugaz como subgerente de Defensa Civil.
Según el reportaje de Punto Final, indicó que “Muñoz, mediante resolución del 7 de mayo de 2019, ordenó dejar sin efecto el Clasificador de Cargos antiguo y le encargó a la gerente municipal, Gloria Corvacho, aprobar uno nuevo, a propuesta de Subgerencia de Personal; es decir, del propio Barrios Ponce, el funcionario observado por la Contraloría”. El medio agrega que fue Barrios Ponce quien, en agosto de 2020, propuso el requisito de “experiencia calificada”.
“Para entonces, cuatro de estos funcionarios ya habían dejado de trabajar en la municipalidad y uno había adecuado su grado de bachiller. Cinco funcionarios, entre ellos Barrios Ponce, vieron su situación regularizada de esta manera. Es decir, añadiendo el ítem ‘experiencia calificada’ se intentó subsanar las irregularidades. Para la Contraloría, esto contraviene la normativa vigente al momento de la designación de los funcionarios”, explica Latina, quien aseveró, según sus fuentes, que el caso ya se encuentra en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa en delitos de Corrupción de Funcionarios.
El informe de Contraloría también indica que “los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal (de Jorge Muñoz), por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias correspondientes”.
Municipalidad de Lima se pronuncia
La Municipalidad de Lima se pronunció a través de un comunicado en el que señala que “en virtud de su autonomía administrativa, la comuna limeña estableció un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como un nuevo Clasificador de Cargos, aprobado en un documento que recoge la normativa vigente”.
“Precisamente, a fin de evitar alguna transgresión a la normativa, la Municipalidad de Lima consultó a SERVIR si podría aprobar un nuevo Clasificador de Cargos, obteniendo como respuesta que, en efecto, era factible contar con dicho instrumento de gestión en esta etapa de transición a la normativa de SERVIR. Esta opinión fue puesta de conocimiento al Órgano de Control Interno de la MML”, explica.
“Es preciso aclarar que, al no existir marco legal que restringa la aprobación o modificación del Clasificador de Cargos, no se ha transgredido o vulnerado normativa alguna. Cabe señalar que cada entidad pública es responsable de definir el contenido consistente para cada uno de los cargos”, concluye.
