La Contraloría General de la República emitió el informe elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el cual se concluye que el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, fue nombrado en el cargo con “indicios de irregularidad” tras no haber cumplido con el requisito de tener trayectoria en defensa jurídica del Estado.
La acción de control posterior determinó que, el nombramiento el 1 de febrero del 2020 de Soria Luján, se hizo con la publicación de una resolución suprema, sin que se contara con un informe que sustentara la legalidad del proceso y se determinó que Daniel Soria incluyó como experiencia profesional para sustentar su nombramiento el haber sido asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo.
La OCI estableció que dicha labor “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, requisito planteado por la normativa de la Procuraduría General del Estado, donde se señala que el procurador general requiere tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado” específicamente.
