La congresista Vivian Olivos de Fuerza Popular envió un oficio a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), a fin de solicitarle que priorice con carácter de urgencia la calificación de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el magíster Pedro Castillo.
El documento firmado por la legisladora fujimorista remarca que la denuncia debe atenderse “con la rapidez que amerita por ser de importancia para nuestro país en la lucha contra la corrupción“.
“Solicito que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside, priorice con carácter de urgencia la calificación correspondiente de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo y otros por la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión“, indica el oficio.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Erick Urbina, una vez que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emita un dictamen, la denuncia contra el chotano se trasladará a la Comisión Permanente. Posterior a ello, la denuncia constitucional pasaría eventualmente a votarse en el Pleno para buscar la destitución o inhabilitación del presidente.
Denuncia constitucional contra Pedro Castillo
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ayer ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el sindicado cabecilla Pedro Castillo. Esto por el delito de presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La acusación de la titular del Ministerio Público también alcanza a los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado (Vivienda y MTC). Ambos exfuncionarios son sindicados como integrantes de una presunta organización criminal que estaría encabezada por el mandatario.
En conferencia de prensa, la fiscal de la Nación aseguró que existen indicios muy graves y reveladores de una presunta organización criminal en el gobierno de Pedro Castillo.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, aseveró Benavides.
