La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación una controvertida ley de amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por presuntos delitos cometidos entre 1980 y 2000 durante la lucha contra el terrorismo. Esta medida también alcanza a efectivos mayores de 70 años que ya hayan sido sentenciados, generando un amplio debate en la opinión pública y en sectores defensores de los derechos humanos.
Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y promotor del dictamen, sostuvo que la norma busca reparar una “deuda moral del Estado” con quienes enfrentaron a los grupos subversivos. Según indicó, la amnistía se aplicará a aquellos que no tengan sentencia firme, así como a los ya condenados que superen los 70 años. “Servirá para corregir la violación al plazo razonable contra defensores de la patria”, afirmó el parlamentario de Fuerza Popular.
Sin embargo, la ley ha sido duramente cuestionada por diversos sectores. El congresista Alex Flores (Perú Libre) advirtió que no se puede justificar la impunidad con el argumento de demoras judiciales. “Es la vida de campesinos inocentes que fueron asesinados extrajudicialmente por malos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, señaló. Por su parte, Jorge Montoya (Honor y Democracia) minimizó las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos y defendió la medida como una forma de cerrar procesos sin pruebas.
Según cifras presentadas por Rospigliosi, más de 1,000 efectivos serían beneficiados con la amnistía. No obstante, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que más de 150 sentencias firmes y 600 procesos judiciales por graves violaciones a los derechos humanos podrían ser archivados. “Esta norma dejaría sin verdad ni justicia a las víctimas y sus familias”, indicaron mediante un comunicado.
Expertos en derecho como el penalista Andy Carrión calificaron la norma como inconstitucional, al contradecir fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que la amnistía no aplica a crímenes de lesa humanidad, como fue establecido en el caso Barrios Altos en 2001. Carrión alertó que, de promulgarse esta ley, el Perú podría enfrentar consecuencias internacionales severas por incumplir compromisos como el Pacto de San José, afectando su imagen y credibilidad en materia de derechos humanos.
