Con 102 votos a favor y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular una acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y Elizabeth Hinostroza por una presunta responsabilidad en los hechos de corrupción relacionados a la pandemia de la COVID-19 durante el estado de emergencia.
El informe de la Comisión de Fiscalización, presidida por Héctor Ventura (Fuerza Popular), señaló que la acusación es por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Como resultado de la votación, el caso será llevado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) donde, de ser encontrado responsable, se le podría imponer una sanción máxima para inhabilitar hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública. También se le remitirá a la Fiscalía de la Nación.
Héctor Ventura durante sesión del Pleno
Asimismo, durante la sesión del Pleno de hoy, Héctor Ventura indicó que su grupo de trabajo actuó en base a sus atribuciones y funciones dadas por el Pleno, además de realizar actos de indagación y actos previos de investigación.
“Que quede claro que nosotros no adelantamos opinión y resoluciones responsabilizando hechos penales o temas constitucionales, sino hacemos una investigación que deriva de un informe final que se remite a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Ministerio Público, para que continúen con las investigaciones penales, si habría responsabilidad”, dijo.
En cuanto al informe, sostuvo que la escala y la complejidad en el desarrollo de la investigación sobre las líneas de investigación se encontrarían implicados diferentes altos funcionarios del aparato estatal, por presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de la contratación pública y otros.
«La presente Investigación ha indagado exhaustivamente con una visión basada en la casuística constitucional, administrativa, penal y procesal penal reciente en hechos de presuntas comisiones de delitos de corrupción e infracciones constitucionales de funcionarios y servidores públicos en el aparato estatal», señaló.
¿Qué concluye el informe?
En enero de este año, cuando el informe se aprobó en la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura señaló que entre las conclusiones del informe final se encuentra que en marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza; y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunieron con diversos representantes del sector salud y empresas privadas a fin de «concertar la adquisición de pruebas serológicas» contrario a las políticas de salud vigentes que reconocían el uso de pruebas moleculares para detectar la COVID-19.
“Se ha corroborado que la central de compras públicas Perú Compras de manera excepcional durante el año fiscal 2020 a requerimiento del Instituto Nacional de Salud benefició irregularmente con la adjudicación de la buena pro la compra directa de N° 001-2020 a las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal Perú y Multimedical Supplies SAC para la adquisición de un millón 400 mil pruebas serológicas, esto es pruebas rápidas”, leyó.
Agregó que se corroboró que el expresidente Martín Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas «no cumplían los estándares requeridos» para diagnosticar con certeza la COVID-19.
Vizcarra se pronuncia
Luego de conocer la decisión del Parlamento, el expresidente Martín Vizcarra señaló que «el tiempo y la justicia me dará la razón» respecto a las investigaciones en su contra por el manejo de la pandemia de la COVID-19 durante su gestión como mandatario.
“Un Congreso con el 90% de rechazo, que no escucha el clamor de la población para adelantar las elecciones, solo se preocupa en continuar su venganza política. Como ya está pasando en otros casos, el tiempo y la justicia me dará la razón, porque he actuado poniendo al Perú Primero”, escribió desde su cuenta oficial de Twitter.
