El Congreso de la República ha aprobado en segunda votación una reforma constitucional que le otorga la facultad de designar a su propio procurador sin necesidad de un concurso público. La medida fue respaldada por 64 votos a favor y ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico del país.
La reforma constitucional ha sido rechazada por la Procuraduría General del Estado, que envió un oficio al Congreso expresando su desaprobación y pidiendo que no se apruebe la propuesta legislativa. Argumentan que esta medida pretende vulnerar el principio de autonomía y cuestionan la forma en que se pretende seleccionar al procurador sin seguir un proceso de concurso público.
El dictamen fue presentado por el legislador Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, quien defendió la iniciativa argumentando que el Poder Legislativo tiene el derecho de elegir a su propia defensa. Durante la sesión del Pleno, Guerra García afirmó: «Este Congreso es el primer poder del Estado y tiene todo el derecho a elegir a quien lo defienda».
Esta propuesta surge a raíz de la polémica suscitada en torno al exprocurador del Congreso, Yuri García, quien fue duramente criticado por su intervención en la demanda de presunta traición a la patria contra el expresidente Pedro Castillo ante el Tribunal Constitucional. Como respuesta a este incidente, las bancadas de Somos Perú y Fuerza Popular presentaron este proyecto de ley para que el Congreso pueda elegir a su propio procurador.
Cabe mencionar que la Procuraduría General del Estado tenía previsto presentar un texto sustitutorio a través del congresista Alex Paredes, pero esta propuesta fue rechazada por el presidente de la mesa directiva, José Williams. Según el documento presentado por la Procuraduría, el texto sustitutorio buscaba excluir a las procuradurías públicas del Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos del proceso de selección a cargo de la Procuraduría General del Estado.
Esta reforma constitucional ha generado diversas opiniones y críticas por parte de expertos en derecho y líderes políticos, quienes cuestionan la independencia y objetividad que podría tener un procurador designado por el Congreso. El debate sobre la autonomía y la separación de poderes continúa en el centro de atención, mientras se espera la implementación de esta medida y su impacto en el sistema de justicia del país.
