El congresista Sergio Dávila propuso una iniciativa legislativa incorporando como causal de impedimento para ingresar al territorio nacional, a los extranjeros que tengan en su haber antecedentes penales, judiciales y afines por delitos dolosos expedidos en sus países de origen.
La iniciativa modifica diversos aspectos de la Ley General de Migraciones e incorpora como causal de expulsión del país, a los extranjeros condenados por la comisión de delitos dolosos previstos en el Código Penal peruano, entre los que se incluye asesinatos, estafa, secuestro, contra el orden financiero y monetario y en agravio de la salud pública, entre otros.
En la primera disposición complementaria y final del proyecto de ley, se precisa que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la citada disposición legal en un plazo de 90 días, refirió Dávila.
El proyecto de ley busca modificar el artículo 48° del decreto legislativo 1350 Ley de Migraciones, incorporando como causal de impedimento de ingreso al territorio nacional de extranjeros que registran antecedentes penales vigentes, por delitos graves y vigentes en su país de procedencia.
“Gran parte de extranjeros ingresan provenientes de Sudamérica solo con documento de identidad, la misma que carece de medidas de seguridad que garanticen la identificación plena y de esa manera, poco o nada, se puede hacer para identificar de manera certera a un ciudadano con antecedentes penales judiciales o policiales en su país de procedencia”, explicó el legislador oficialista.
Al respecto, el parlamentario sostuvo que busca tener una migración segura, ordenada y regular, lo cual implicará la necesidad de hacer modificaciones legislativas. “Esta medida es básica para el desarrollo de un país donde se requiere de una seguridad ciudadana más eficiente”, indicó.
Asimismo, explicó, el proyecto de ley también incorpora dentro del artículo 58 de la ley de migraciones como causal de expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados -con sentencia firme- por el delito de homicidio, delito contra la familia, robo agravado, delito contra la salud pública, contra la tranquilidad pública, entre otras.
El proyecto de ley, fue presentado esta semana ante las comisiones de Defensa Nacional y de Justicia y se encuentra a la espera de su debate.
A mayo de este año, 1 810 extranjeros se encuentran recluidos en diversos penales de nuestro país, lo que hasta hoy representa el 4% del total de la población penitenciaria, según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Al respecto, los colombianos ocupan el primer lugar de los ciudadanos extranjeros privados de su libertad con un 32%, en su mayoría por tráfico ilícito de drogas (80%).
Le siguen los ciudadanos venezolanos (15%), mexicanos (13%), ecuatorianos (7%), bolivianos (5%), españoles (3%), chilenos (2%), argentinos (2%) y estadounidenses (2%).
