La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó este lunes el informe final por el caso ‘Richard Swing’ en el que recomiendan inhabilitar por diez años de ejercer cargos públicos al expresidente Martín Vizcarra, además de que se le acuse constitucionalmente.
La votación registró una posición en contra de la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) y tres abstenciones de los congresistas de Fuerza Popular Gilbert Alonzo y Marcos Pichilingue, y José Luis Ancalle (Frente Amplio).
El documento, tal como informó El Comercio, recomienda inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por diez años al exmandatario, “sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”.
Además, acusar constitucionalmente a Vizcarra “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, así como “liderar una organización criminal”.
Entre las conclusiones del informe -sustentado por el presidente de la comisión, Edgar Alarcón (Unión por el Perú)- señala que “se ha evidenciado la existencia de un problema público, el clientelismo”.
Asimismo, indica que “habría existido un uso ilegítimo de la Ley de Contrataciones para favorecer a amigos y/o familiares para que accedan a puestos de trabajo del Estado, evitando someterse a la Ley Servir”.
Afirma también de la existencia de una organización criminal “que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el exmandatario Martín Vizcarra y sus miembros […] para contratar a las personas de su entorno, beneficiándolas a través del uso de recursos del Estado” y que se habría favorecido a “partidos políticos, amigos y familiares directos o indirectos y amigos de los mismos” que ocupan cargos de confianza.
El informe detalla que se habrían cometido “varios delitos de función ejecutados por el mismo exmandatario, exministros, funcionarios y servidores públicos del despacho presidencial y otros sectores del Poder Ejecutivo”, por los presuntos delitos de peculado, colusión, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, falsedad genérica, entre otros.
“Estas prácticas afectan de manera directa al erario nacional pues entre enero de 2018 y junio de 2020, tan solo en procesos de contrataciones menores a ocho unidades impositivas tributarias, se habría afectado más de S/23 mil millones”, refiere.
Por lo tanto, se recomienda acusar constitucionalmente a los exministros de Agricultura Gustavo Mostajo y Jorge Montenegro; de Ambiente Fabiola Muñoz, así como de otras carteras como Cultura, Transportes, Vivienda, Educación y Defensa.
De ser aprobado por el pleno del Congreso, el informe final será enviado al Ministerio Público, a fin de que continúen las investigaciones, así como a la Contraloría General de la República.
