La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado ese miércoles un recurso de casación presentado por el empresario Nikolay Castillo Gutzalenko, representante de la empresa Graña y Montero e investigado por el caso «club de la construcción», y así archivó la pesquisa en su contra por el delito de tráfico de influencias.
El juez supremo César San Martín, presidente del tribunal, explicó que si bien el empresario Nikolay Castillo Gutzalenko ya no podrá ser investigado por tráfico de influencias, la pesquisa por el delito de organización criminal sí continuará.
La hipótesis de la Fiscalía es que Castillo sostuvo reuniones con Carlos García Alcázar, exfuncionario del Ministerio de Transporte, en la que habría pagado sumas de dinero con la finalidad de que Provías adjudique dos obras a Graña y Montero. San Martín señaló que el contrato entre Graña y Montero y Provías se suscribió el 23 de noviembre del 2011 y que el acuerdo delictivo ocurrió antes, pero en ese mismo año. Es decir, hace ocho años.
San Martín alegó la prescripción en este delito pues, según explicó, el tráfico de influencias del tipo básico tiene una pena privativa no menor de 4 años y no mayor de 6 años, de manera que la prescrpción es a los 6 años. Como los hechos ocurrieron hace mas de 8 años, ya no se puede imputar al investigado.
“El proceso ha de ser sobreseído respecto al delito de tráfico de influencias sin perjuicio a la continuación del proceso por delito de organización criminal”, remarcó San Martín.
Fuente: Diario El Comercio
