Un grupo de ciudadanos presentaron una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ante el Congreso de la República y pidieron que se le inhabilite de la función pública por 10 años.
Sin embargo, las denuncia no se sustenta en actos de corrupción y alegan que el artículo 118 de la Constitución dispone que el mandatario debe velar por el orden interno del país, “la cual ha incumplido”.
“Pedro Castillo mantuvo un sepulcral silencio, los más evidente fue ante la muerte del genocida Abimael Guzmán el pasado septiembre, donde debió resolver el destino del cadáver del asesino conforme a las atribuciones que detenta para estos casos conforme al numeral 24) del artículo 118 de la Constitución”, se precisa.
Asimismo, se indica que el mandatario ha incumplido obligaciones constitucionales como no defender la Carta Magna vigente y “promueve su cambio total a través de un referéndum inconstitucional, incumpliendo con la obligación contenida en el artículo 38 de la Constitución”.
“No está al servicio de la Nación, no desperdicia oportunidad para enfrentar a sectores nacionales, distinguiendo como pueblo peruano solo a los de origen andino, despreciando a todo aquel que no lo sea, o que con emprendimiento propio haya obtenido riqueza propia, promoviendo una cultura de odio y polarización social”, indicó.
En otra parte del documento, se indica que el presidente Castillo personifica a la Nación, según el artículo 110 de la Constitución, sin embargo, en continuas intervenciones públicas “evidencia una conducta no acorde a la citada condición”.
La denuncia fue presentada a la presidenta del Congreso, María del Carmen (Acción Popular), quien la derivó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
