En medio de fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reciente promulgación de la ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que combatieron al terrorismo entre 1980 y 2000 ha sido vista por muchos peruanos como un acto de justicia hacia quienes dieron su vida y su integridad por la pacificación del país.
La norma, firmada por la presidenta Dina Boluarte en una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, busca poner fin a años de persecución judicial contra militares y policías que actuaron en contextos extremadamente complejos, en un periodo en el que el Perú fue golpeado por el terrorismo más despiadado de América Latina. Sendero Luminoso y el MRTA asesinaron, torturaron y dinamitaron a miles de peruanos, sin distinción de edad, género o condición.
Mientras desde la CIDH y la Corte IDH se cuestiona la legalidad internacional de esta ley, calificándola de «inconstitucional» e «inconvencional», miles de familias peruanas recuerdan con gratitud a los soldados y policías que, muchas veces con escasos recursos y enfrentando una guerra desigual, protegieron a la población civil del terror. Muchos de ellos cayeron en combate, otros fueron mutilados, y varios han pasado décadas enfrentando procesos judiciales sin pruebas concluyentes, impulsados más por intereses ideológicos que por búsqueda real de justicia.
Las críticas de la comisionada Andrea Pochak, quien pidió abiertamente a los jueces peruanos que no apliquen la ley, han sido recibidas por sectores del país como un acto de injerencia que ignora el contexto histórico del conflicto armado interno. Si bien es importante garantizar justicia para todas las víctimas —incluidas aquellas afectadas por excesos de las fuerzas del orden—, no puede dejarse de lado que fueron los militares, policías y rondas campesinas quienes resistieron y derrotaron al terrorismo, permitiendo que hoy el país goce de democracia.
La amnistía no pretende ocultar crímenes ni proteger violaciones comprobadas, sino reparar la injusticia histórica que han sufrido muchos uniformados injustamente procesados, algunos incluso fallecidos sin ver su nombre limpio. Esta ley representa un acto de reconocimiento a su sacrificio y un mensaje claro de que el Perú no olvida a quienes lo defendieron en sus horas más oscuras.
