El Gobierno retiró del cargo a la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, luego que un informe de la Contraloría General de la República advirtiera que había sido designada en el puesto a pesar de que no presentó una declaración jurada de que no tenía procesos en su contra.
Sin embargo, la resolución suprema 188-2022-JUS solo consigna que se da por concluida la designación de Caruajulca Quispe “por pérdida de confianza” y se le brinda “las gracias por los servicios prestados”.
Ella había sido nombrada el 25 de febrero de este año en reemplazo de Daniel Soria Luján, retirado del puesto luego que presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Nación pidiendo que el presidente Pedro Castillo fuera investigado por el caso Puente Tarata.
En el mismo boletín de normas legales, se publica también la resolución suprema 189-2022-JUS que designa, en reemplazo de María Caruajulca, a Javier Wilfredo León Mancisidor.
Según informaciones difundidas por el programa Panorama a través de su cuenta de Twitter, Javier León Mancisidor, abogado relacionado en el 2013 (EC) al narcotraficante Fernando Zevallos, alias «el Lunarejo».
También fue asesor legal del excongresista fujimorista, Carlos Tubino. El nombre de Javier León ya es conocido, debido a que es investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal por permitir al preso narcotraficante Fernando Zevallos ‘Lunarejo’ evitar el desalojo de su familia de su lujosa residencia de Las Casuarinas, la cual está valorizada en un millón de dólares.
