Una reciente encuesta nacional de Ipsos para Perú21 muestra un contundente rechazo ciudadano al pedido de asilo político de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece en la residencia de la Embajada de México mientras espera un salvoconducto que le permita salir del país. Según el estudio, el 79% de los encuestados considera que la exfuncionaria debe quedarse en el Perú para enfrentar su proceso judicial por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
El respaldo al asilo es minoritario: solo un 19% aprueba su solicitud, mientras que el 2% no precisa opinión. En Lima, el rechazo es aún más alto: un 84% de los consultados sostiene que Chávez debe dar la cara ante la justicia. En el interior del país, tres de cada cuatro peruanos (75%) comparten la misma postura. La encuesta también revela que el 61% de los ciudadanos ha seguido de cerca el caso.
Mientras tanto, el Gobierno ha decidido mantener en suspenso la entrega del salvoconducto solicitado por México. En un comunicado, la Cancillería informó que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención de Caracas de 1954, con el fin de evitar el mal uso del asilo diplomático por parte de procesados que intentan evadir la justicia. La decisión final será tomada tras las consultas internacionales ordenadas por el presidente José Jerí.
Para el embajador Carlos Pareja, la opinión pública refleja un rechazo generalizado a la actitud de Chávez. “Comparto la posición de la mayoría. Ella debe presentarse ante el Poder Judicial y responder por los delitos de rebelión y conspiración. El pueblo percibe su asilo como un intento de fuga”, afirmó el diplomático.
El mismo sondeo indagó sobre la condena de 15 años de prisión contra el excongresista Guillermo Bermejo por afiliación a una organización terrorista. Un 78% de los encuestados expresó su acuerdo con la sentencia, cifra que sube al 85% en Lima. Sin embargo, solo el 40% declaró conocer el caso. Ambos resultados reflejan, según el informe, una clara tendencia a respaldar las sanciones judiciales y el cumplimiento de la ley frente a casos de corrupción, terrorismo o intentos de ruptura del orden constitucional.
