El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, reveló que los recientes bloqueos de carreteras en el sur del Perú estarían siendo financiados por redes ligadas a la minería ilegal. Según advirtió, existen indicios de que los manifestantes reciben pagos diarios de hasta 120 soles por participar en estas acciones, lo que supone un financiamiento millonario que no proviene de fuentes legales. “Es obvio que la minería ilegal está detrás, una minería a la que no le interesa que exista ley”, afirmó en una entrevista con RPP.
El canciller mostró preocupación por el impacto directo de estas movilizaciones en la economía, el turismo y la vida diaria de miles de peruanos. Las regiones de Arequipa, Ica y Nasca se ven seriamente afectadas por las paralizaciones, lo que ha provocado pérdidas económicas y ha comprometido el abastecimiento de productos esenciales. Schialer instó al Ministerio Público a actuar con urgencia frente a este escenario de ilegalidad creciente.
Expertos en el sector minero respaldaron la versión del canciller. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, afirmó que la minería ilegal opera como una estructura criminal con redes de poder que alcanzan incluso al Congreso de la República. Estimó que cerca de medio millón de personas trabajan en esta actividad en condiciones informales, sin derechos laborales ni protección social.
Por su parte, Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señaló que las plantas de acopio son un eslabón clave en esta red ilegal. Según explicó, muchas operan sin control estatal, excediendo los límites de producción y sin garantizar la trazabilidad del oro. Además, propuso que los pequeños mineros trabajen en concesiones abandonadas, lo que permitiría formalizar una parte del sector sin dañar el medio ambiente ni la economía legal.
Finalmente, Schialer advirtió que el negocio de la minería ilegal podría ser hasta siete veces más lucrativo que el narcotráfico en términos de volumen económico. En ese contexto, el Gobierno aseguró que continuará promoviendo el diálogo con representantes legítimos de las comunidades, pero no tolerará la violencia impulsada por redes criminales. Mientras tanto, las protestas y bloqueos siguen afectando la libre circulación y la seguridad de miles de ciudadanos en el sur del país.
