La ex primera ministra Betssy Chávez reapareció este martes 22 de julio en una audiencia judicial tras varias sesiones ausente y denunció públicamente un intento de represalia por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, Chávez aseguró que las autoridades buscan sancionarla con 45 días en una celda de castigo, en represalia por haber reclamado ante presuntas amenazas y hostigamientos dentro del establecimiento penitenciario.
Durante su intervención ante la jueza Norma Carbajal, la ex ministra del gobierno de Pedro Castillo afirmó no haber recibido sanciones disciplinarias previas, pero que actualmente enfrenta seis procedimientos administrativos por inasistencias a diligencias judiciales. “Lo que se busca es enviarme a una celda de castigo hasta por 45 días en total aislamiento”, declaró. Chávez acusó directamente a la directora del penal, Nelly Aquino, de ejercer hostigamiento en su contra y pidió garantías para su integridad.
La jueza Carbajal accedió al pedido de Chávez de entregarle las copias de los documentos que justifican su ausencia de anteriores audiencias por contar con representación legal. Asimismo, la exministra denunció que ese mismo día no fue revisada por ningún médico y solicitó la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos dentro del penal para verificar su estado de salud y condiciones de reclusión.
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, reforzó la denuncia indicando que su defendida ha sido amenazada por internas vinculadas a la organización criminal internacional Tren de Aragua, como consecuencia de sus quejas sobre maltratos. “Betssy ha denunciado torturas, tratos vejatorios y humillantes. Incluso ha señalado con nombre y apellido a quienes pertenecerían a esta banda”, dijo Noblecilla en declaraciones a Radio Uno. Cuestionó, además, que Chávez sea ubicada cerca de internas con historial delictivo grave, pese a no tener condena firme.
Actualmente, la excongresista se encuentra en huelga de hambre como forma de protesta por los presuntos abusos en su contra. Enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el expresidente Pedro Castillo. Mientras tanto, sus abogados insisten en que su vida está en peligro dentro del penal y piden atención urgente a su caso.
