El abogado de la pareja presidencial, Benji Espinoza, informó que presentará hoy miércoles 23 de noviembre una demanda de hábeas corpus para anular la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. Esto luego que la Subcomisión del Congreso admitiera esta denuncia por presuntos delitos de corrupción.
“La argumentación es la misma que hemos estado señalando sobre el artículo 117, que prohíbe cualquier investigación al presidente fuera de los cuatro presupuestos que están previstos [en la Constitución]”, dijo en entrevista para Exitosa.
La defensa del jefe de Estado mencionó que este recurso será presentado ante un juzgado constitucional y en segunda instancia ante una sala constitucional, pero si no encuentran “justicia” en ambas partes, acudirán al Tribunal Constitucional.
“Estimo que durará unos meses, que es lo que normalmente transcurre, esperemos que sea lo más pronto. La justicia constitucional es una justicia de emergencia. Estamos presentando [la demanda de hábeas corpus] el día de hoy“, añadió.
Benji Espinoza toma esta decisión después de que el juez Juan Carlos Checkley indicara que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, debido a que es facultad del Congreso declarar nula o dejar sin efecto el expediente presentado por Benavides.
“El Congreso no puede actuar con premura y prisa, tiene que hacerlo respetando el debido proceso, sino, por segunda vez, van a anularle sus actuaciones”, sostuvo.
Denuncia fiscal contra Castillo
El 11 de octubre de este año, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado por el delito de presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta denuncia también alcanza a los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado (Vivienda y MTC), ambos exfuncionarios son sindicados como integrantes de esta presunta organización que estaría encabezada por el mandatario.
Este documento comprende los casos de copamiento de puestos en el Ministerio de Vivienda para facilitar el direccionamiento de obras en diferentes regiones, que terminaron favoreciendo al ‘gabinete en la sombra’, según la tesis fiscal. Asimismo, incluye la presunta designación de personal que dirigía las licitaciones de Provías Descentralizado del MTC para beneficiarse, así como las designaciones presuntamente irregulares en Petroperú.
