Un momento de alta tensión se vivió durante la audiencia de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, cuando el fiscal Germán Juárez Atoche citó una interceptación telefónica en la que se mencionaba al “lagartito”. El fiscal sugirió que ese sobrenombre haría alusión al exmandatario, generando la inmediata reacción de su abogado, Erwin Siccha, quien solicitó que se retire el término del expediente.
Durante su intervención, Juárez Atoche leyó parte de una transcripción telefónica vinculada a la investigación por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en la cual un interlocutor hace referencia a que «a la casa te va a llevar un ‘lagartito'». El fiscal indicó que “ya sabemos quién se identifica con ese nombre, incluso en sus tiktoks”, haciendo alusión implícita a Vizcarra.
El abogado Siccha interrumpió para defender a su patrocinado. “Le pido por favor que el señor fiscal se retracte. Mi patrocinado no se hace llamar así. Que otras personas lo hayan apodado de esa manera no significa que él se identifique con ese nombre”, manifestó, visiblemente incómodo. Vizcarra, por su parte, se mantuvo serio y en silencio durante el cruce de palabras.
Juárez Atoche respondió que solo estaba citando textualmente documentos del expediente y que se ceñiría a la lectura de los mismos. El uso del término «lagartito», que ha circulado en redes sociales como un apodo informal para Vizcarra, abrió un nuevo frente de controversia en una audiencia ya cargada de tensión política y judicial.
En otro punto crítico de la audiencia, el fiscal también cuestionó el arraigo laboral presentado por la defensa de Vizcarra. Calificó como una “burla” que se pretenda evitar la prisión preventiva con un contrato de locación de servicios firmado con la empresa Urbaniza 3D S.A.C., donde la gerente general sería Maribel Díaz Cabello, esposa del exmandatario. “Es lógico que le den un contrato por conveniencia”, afirmó Juárez Atoche.
El pedido de prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra se sustenta en los casos de presunta corrupción vinculados a obras públicas durante su gestión regional en Moquegua. La decisión del juez Víctor Alcócer será clave para determinar si el expresidente afrontará su proceso en libertad o desde un centro penitenciario. Mientras tanto, la defensa y la Fiscalía continúan enfrentándose en una batalla legal cada vez más intensa.
