El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, pidió este domingo que se investigue a la compañía minera Antamina, que anunció la suspensión de sus operaciones en Áncash, debido a un paro por parte de comuneros del distrito de Aquia.
Según señaló, se debería conocer a los accionistas de dicha empresa para saber si es que están involucrados con un grupo de empresarios, que aseguró, buscan hacer caer al Gobierno de Pedro Castillo.
“Se debe conocer quiénes son los accionistas de esa empresa, no vaya a ser que ahí existan personas que están dentro de ese grupo de empresarios que quieren vacar al presidente”, indicó a Canal N.
Empresarios contra el Gobierno
El ministro se refirió a la revelación del portal El Foco, sobre coordinaciones de un grupo de empresarios para desestabilizar al Gobierno.
Estos empresarios integran la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y según el reporte habrían acordado financiar una huelga de transportistas contra la gestión de Pedro Castillo.
Al respecto, la SNI manifestó que no participan en acciones políticas que pretendan generar inestabilidad y que las opiniones personales de sus asociados no comprometen a la institución.
Paro en Aquia
La compañía minera Antamina anunció durante la tarde la suspensión de sus operaciones en Áncash, debido al paro que acata un grupo de comuneros en el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, desde hace una semana.
A través de un comunicado, desde Antamina indicaron que actualmente “no existen garantías” para que realicen sus operaciones, dada la medida de fuerza adoptada por los comuneros. Ante esta situación solicitaron al Gobierno a que tome el control de la situación y que restablezca el diálogo y entendimiento en la zona.
La comunidad campesina de Aquia inició el paro contra la minera Antamina por una presunta usurpación ilegal de tierras e incumplimiento de su responsabilidad social. A esta medida de fuerza se sumaron en el transcurso de la semana los pueblos el corredor minero.
“Vamos a fortalecer la medida de protesta contra la minera Antamina por los abusos cometidos a sus pueblos aledaños por más de 20 años y pedimos que se instale una mesa de diálogo del alto nivel con el presidente, premier y sus ministros de estado competentes”, dijo el presidente de la comunidad campesina de Aquia, Adán Gamarra.
Al respecto, la empresa rechazó que se les acuse de usurpación de terrenos, pues consideraron que la carretera que lleva hacia su sede “es una vía pública nacional” que ellos construyeron y que entregaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Añadieron que existen documentos legales que certifican que los terrenos donde se construyó la carretera fueron comprados, entre otros a la comunidad de Aquia.
