Las declaraciones de José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo en agravio del Estado, han sacado chispas en el ambiente político tras acusar al entorno más cercano de Susana Villarán, de haber recibido dinero de la corrupta constructora brasileña Odebrecht y OAS.
El funcionario de la comuna limeña señaló a la excongresista Anel Townsend, quien fue portavoz del No a la revocatoria, de recibir US$20.000 en dos armadas. Los primeros US$10.000 fueron recursos destinados para su movilidad y para compensar algunos gastos de publicidad que ella había realizado.
Según el testimonio, la entrega de los US$10.000 restantes se realizaron una vez que término la campaña y bajo el concepto de “bono de éxito”.
Castro. quien es aspirante a colaborador eficaz, indicó que el acuerdo de pago se dio luego de un almuerzo que se llevó a cabo en el 2013 en la residencia de la exburgomaestre capitalina, en el distrito de Jesús María.
Asimismo, reveló que Townsend fue posteriormente contratada por la Municipalidad de Lima, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un semestre para ejecutar trabajos en el área de Participación Ciudadana de la comuna.
Cabe señalar que Townsend no es la única mencionada en la confesión del exfuncionario edil. A ella se suman las exregidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui. «Ambas visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados», refirió, y agregó autorizó a Luis Gómez Cornejo, tesorero de la campaña, que entregara a Glave y Reátegui la suma de S/60.000.
