Si bien la audiencia de fianza por el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo fue pública y con acceso para la prensa, en la diligencia que encabezó el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, estuvo prohibido portar dispositivos de grabación de audio o video, reportó la colaboradora de El Comercio, Liliana Michelena.
Sin embargo, una ilustración de la propia corte difundida por la agencia Reuters da cuenta de cómo compareció el otrora jefe de Estado peruano.
Alejandro Toledo vistió un traje rojo de presidiario, aunque no portó esposas. No intervino durante la audiencia y lució cabizbajo.
Como se informó, el juez acogió el pedido de la fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos Elise Lapunzina y continuará bajo detención el proceso de extradición tramitado por el Estado peruano.
Esto con el fin de que Toledo Manrique deje de rehuir a la justicia peruana y afronte el proceso que se le sigue por presuntamente haber recibido US$20 millones de la constructora brasileña Odebrecht para que esta se adjudique —durante su gobierno— la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
Durante la audiencia, la fiscal comentó que cuando Toledo fue detenido el pasado martes se encontró en su casa un maletín con US$40.000 en efectivo.
Esto, sumado a que para la fiscal Toledo carece de vínculos personales con EE.UU. —e inclusive podría irse a Israel, considerando que su esposa Eliane Karp tiene nacionalidad de ese país— influyeron en la consideración de riesgo de fuga acogida por el magistrado.
«Sería un fracaso diplomático significativo para los Estados Unidos que Toledo se escapase», dijo el juez Hixson.
En tanto, como parte de los argumentos de defensa para pedir la libertad bajo fianza, el abogado de Toledo, Joseph Russoniello, manifestó que el dinero referido estaba bajo custodia de la ex primera dama Eliane Karp para subsistir, pues sus propidades habían sido confiscadas y su pensión suspendida.
Incluso recurrió a presuntas motivaciones políticas y raciales para aseverar que Toledo no tendría un juicio justo en el Perú. «El prejuicio contra Toledo, como persona indígena, y por su hostilidad al gobierno de Fujimori, le impediría conseguir justicia en Perú. Toledo solo cree que encontrará justicia en las cortes de Estados Unidos», dijo.
Toledo ha solicitado ahora un defensor público. Para definir ello a partir de una eventual declaratoria de insolvencia, el juez realizará una audiencia este 26 de julio.
En el proceso de extradición, a Alejandro Toledo se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
