El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Mariño, expresó su contundente rechazo a la minería ilegal y criticó la falta de acciones efectivas por parte del Ejecutivo para enfrentar esta problemática que afecta gravemente a su región. En una entrevista con Canal N, el burgomaestre pidió al gobierno “sepultar, terminar y exterminar” esta actividad ilícita, pero aclaró que la solución debe pasar por una verdadera formalización del minero artesanal.
Mariño advirtió que, mientras el Estado no empodere al minero informal con mecanismos viables y reales de formalización, el problema persistirá. En ese sentido, lamentó la falta de voluntad política del gobierno central para atender las demandas de este sector, que ya lleva más de dos semanas de protestas sin recibir una respuesta concreta. Según el alcalde, la informalidad minera convive con la desesperanza de miles de pequeños productores que ven truncadas sus posibilidades de subsistencia.
Uno de los principales obstáculos para la formalización, señaló, es la exigencia de un contrato con el titular de la concesión. Esto resulta injusto, agregó, ya que más del 80 % del territorio de Pataz estaría concesionado sin haber consultado previamente a las comunidades locales. Además, cuestionó que estas concesiones favorezcan a grandes empresas, mientras los pobladores deben “ver de qué viven”.
Mariño defendió al minero artesanal como un emprendedor que ha sostenido a su familia y ha contribuido al desarrollo local. En ese marco, criticó a compañías como La Poderosa por no contratar personal de la zona y pidió revisar el papel de estas empresas en la actual crisis de violencia relacionada con la minería. También se refirió a la reciente eliminación de 51,000 mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), indicando que muchos de ellos fueron excluidos por falta de recursos, no por actividades criminales.
Finalmente, el alcalde exigió que se investigue a fondo todos los asesinatos relacionados con la minería, incluidos los 13 casos ocurridos en La Poderosa, y solicitó que se indague a todos los actores involucrados, sin excepciones. Rechazó cualquier vínculo personal con la minería ilegal y se mostró dispuesto a ser investigado, asegurando que su respaldo a los mineros artesanales es parte de su deber como autoridad local.
