Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo tomó ayer juramento como nuevo ministro del Interior al abogado Luis Roberto Barranzuela Vite, quien desde el 5 de enero de este años es socio fundador del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León.
El estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León ha patrocinado al congresista Guillermo Bermejo, al ex primer ministro Guido Bellido, al partido Perú Libre (PL) y al fundador de esa agrupación política, Vladimir Cerrón.
Barranzuela, de 58 años, fue presentado el mes pasado como defensor del partido del lápiz cuando la fiscalía de lavado de activos ejecutó una orden de allanamiento contra sus diferentes locales en Lima y Junín. Aquella vez, el hoy ministro cuestionó que se haya realizado la diligencia y dijo que no había justificación para que se efectuara.
Su socio en el estudio es Raúl Noblecilla Olaechea, un abogado penalista cercano a la campaña de Castillo y que luego de esta asumió la defensa tanto de Cerrón como de Bermejo. Fue él quien dijo que se estaba estudiando la posibilidad de que el líder de PL solicite un asilo político. En la actualidad, Noblecilla es un asesor contratado por Bermejo en el Congreso con un sueldo superior a los S/7.700, de acuerdo al portal de transparencia.
El estudio del actual jefe del sector Interior fue también el que presentó una carta notarial dirigida a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País). En ella, se le pidió a la legisladora que se rectificara en un plazo de 72 horas respecto a su denuncia de agresión verbal que presentó contra el entonces primer ministro Bellido. Caso contrario, la iban a denunciar por difamación agravada.
Su paso por la PNP
Según informaciones de Epicentro.tv, Barranzuela Vite integró la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y pasó al retiro en 2012 por renovación de cuadros. En 1996 no logró alcanzar el ascenso por conocimientos, aunque peor le fue en el 2001, cuando el motivo de su desaprobación fue por obtener menos de 65 puntos en la calificación de moral y ética.
“En el listado de sus procesos judiciales aparecen registros de posibles delitos contra la administración pública, abuso de autoridad e insulto al superior. No es menos inquietante su registro de sanciones disciplinarias. En las severas, acumula 56 días de rigor y en las leves tuvo sanciones que suman cerca de 431 días”, indicó el portal Epicentro.tv
