Humberto Abanto, abogado de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, anunció que consultará a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la posibilidad de extender el mandato de su patrocinada en caso de que se anule la resolución judicial que la suspendió por 24 meses. La medida, dictada por el juez Segismundo León, es actualmente objeto de apelación, y de revertirse, podría reabrir el debate sobre la duración del periodo de funciones de Benavides.
Inicialmente, la defensa legal contemplaba que Patricia Benavides retomara sus funciones hasta el 1 de julio, fecha en que culmina oficialmente su gestión 2022-2025. No obstante, Abanto afirmó que esta postura cambió tras lo que consideró una “actuación de mala fe” por parte de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y por la decisión judicial que ratificó la suspensión preventiva. “Se ve un intento de profundizar el agravio”, declaró Abanto, señalando que estos hechos lo obligan a replantear la estrategia.
El abogado explicó que existe jurisprudencia internacional que podría respaldar una eventual extensión del mandato. Citó como antecedente el caso Tribunal Constitucional vs. Perú de 2001, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que a los magistrados destituidos injustamente se les debía restituir tanto en el cargo como en el tiempo que se les impidió ejercer funciones. “El cambio no es caprichoso; tiene que ver con el intento de consolidar una violación de derecho”, sostuvo Abanto.
Jorge del Castillo, otro abogado de Benavides, también dejó abierta la posibilidad de evaluar una ampliación del periodo de su patrocinada si el Poder Judicial anula la suspensión. En conferencia de prensa, ambos abogados reafirmaron que trabajan ad honorem, es decir, sin recibir compensación económica por la defensa de Benavides.
Por ahora, el caso continúa en evaluación judicial y a la espera de un pronunciamiento sobre la apelación. Mientras tanto, la defensa buscará claridad por parte de la JNJ sobre qué criterio se aplicará en caso de restitución: si se respetará solo el tiempo restante del mandato o si se repondrán los meses perdidos por la suspensión, como lo estableció la Corte-IDH en otros precedentes.
