La Policía Nacional del Perú informó que Javier Abel Cruz, jefe de la comunidad nativa Alto Yurinaki y líder del pueblo yanesha, fingió su propio secuestro con la finalidad de obtener S/50 mil de su comunidad. La falsa desaparición del dirigente causó alarma en la provincia de Chanchamayo, movilizando a policías, serenos y comuneros durante tres días de intensa búsqueda.
Todo comenzó el viernes 30 de mayo, cuando la familia de Cruz denunció su desaparición tras una reunión en la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec). Según la versión inicial, seis sujetos desconocidos lo habrían interceptado en el puente Puerto Yurinaki y lo subieron por la fuerza a una camioneta. Poco después, su esposa empezó a recibir mensajes extorsivos desde el celular del líder indígena, exigiendo el pago de S/50 mil para su liberación.
El lunes por la tarde, Cruz fue encontrado por personal de Serenazgo de Huancayo caminando desorientado en la Plaza de la Constitución. Según el jefe de operaciones de serenazgo, Miguel Mallco Ramos, el líder indígena se encontraba pálido y asustado, asegurando que había sido liberado tras permanecer retenido en «los cerros de Huánuco». Fue trasladado a la comisaría central y quedó bajo custodia policial.
Sin embargo, la historia dio un giro drástico tras los primeros interrogatorios. El coronel Leo Mendoza, jefe de la Divincri Huancayo, reveló que Cruz confesó haber simulado el secuestro para conseguir dinero debido a serios problemas económicos familiares. El propio dirigente habría planificado el montaje y viajado por su cuenta hasta Huancayo, donde esperaba que le depositaran el dinero, incluso proporcionando su cuenta personal como destino de los fondos.
Fingir un secuestro constituye un delito en el Perú, sancionado por el Código Penal con hasta tres años de prisión, pena que puede agravarse si se genera perjuicio a terceros. En este caso, las autoridades evalúan denunciar a Cruz también por tentativa de extorsión. La PNP exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y recordó que este tipo de hechos afectan no solo a los cuerpos de seguridad, sino también a las comunidades que movilizan recursos ante una emergencia falsa.
