La justicia boliviana restableció este viernes la orden de captura contra el expresidente Evo Morales, en el marco de una investigación por presunta trata de menores. La decisión fue tomada por el juez Franz Zabaleta, de La Paz, quien revocó el fallo de la jueza Lilian Moreno que había anulado previamente la medida. Con esta resolución, no solo se reactiva la orden de detención, sino también la imputación y el proceso judicial en su contra, según confirmó el ministro de Justicia, César Siles.
La Fiscalía acusa a Morales de haber mantenido una relación con una menor de 15 años en 2015, con quien habría tenido una hija un año después. Además, la investigación sostiene que el exmandatario habría ofrecido beneficios a los padres de la joven a cambio de su custodia, lo cual derivó en cargos por trata de personas. La joven habría sido parte de la “guardia juvenil” del partido de Morales. El caso fue reabierto el año pasado por el Ministerio Público, intensificando el proceso legal contra el exlíder sindical.
En respuesta, Evo Morales criticó duramente la decisión judicial, calificándola como una maniobra política del gobierno para desviar la atención de la crisis económica. “La noticia difundida por el Gobierno es una expresión de su desesperación”, escribió en sus redes sociales, y aseguró que su libertad está garantizada. Morales insistió en que solo el Tribunal Constitucional en Sucre puede revisar su caso, y anunció una marcha pacífica el 16 de mayo en apoyo a su inscripción para las elecciones presidenciales de 2025.
Morales también cuestionó la legitimidad del juez Zabaleta, a quien acusó de haber sido encarcelado en 2017 por supuestos vínculos con redes de corrupción dentro del sistema judicial. Según el exmandatario, el juez no tiene competencia para anular el fallo anterior y solo busca favorecer al oficialismo. Morales afirmó que se trata de una persecución judicial promovida por sus adversarios políticos, en especial por sectores afines al presidente Luis Arce.
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, busca volver al poder en las elecciones del próximo 17 de agosto. A pesar del proceso judicial en su contra, ha mantenido su intención de postularse nuevamente y liderar su partido rumbo a los comicios de 2025. Mientras tanto, la reactivación de la orden de captura añade tensión al ya agitado clima político del país.
