El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha solicitado la prisión de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la principal coalición opositora, acusándolos de orquestar una «conspiración fascista». Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión tras las recientes elecciones presidenciales.
En un discurso cargado de emotividad ante la asamblea, Rodríguez, figura central del chavismo, comparó a los opositores con el nazismo alemán y arremetió contra ellos con un fervor notable. «Con el fascismo no se puede tener contemplaciones. Al fascismo no se le dan beneficios procesales, no se le perdona», afirmó Rodríguez, citando eventos históricos para subrayar su punto. En su alegato, destacó que «cuando se perdonó al fascismo, casi acabó con la humanidad».
Rodríguez instó al Ministerio Público a actuar no solo contra presuntos delincuentes, sino también contra sus supuestos jefes. «No me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, sino también a Edmundo González Urrutia, jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela», señaló.
El presidente de la AN cuestionó además la validez de las actas electorales presentadas por la oposición, que, según la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), demostrarían una victoria abrumadora para su candidato. Rodríguez desestimó las actas de la oposición como «patrañas» y desafió la credibilidad de los documentos, insinuando que podrían ser manipulados.
Desde el lunes, se han registrado protestas en Caracas y en otras partes del país en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Estas manifestaciones han sido respondidas con represión por parte de las fuerzas de seguridad, que han dejado al menos seis muertos, 84 heridos y 749 detenidos, según informes de organizaciones no gubernamentales y la Fiscalía.
La oposición ha descrito estas manifestaciones como «expresiones espontáneas y legítimas», mientras que el Gobierno las ha calificado de «criminales» y «terroristas», acusando a sectores de la derecha extremista de intentar un golpe de Estado.
