La compañía petrolera rusa Rosneft, controlada por el Kremlin, ha anunciado este sábado que deja de operar en Venezuela y vende todos sus activos. La compañía que gestiona Igor Sechin, uno de los aliados más cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin, ha vendido su negocio en el país latinoamericano a una compañía 100% propiedad del Gobierno ruso. La decisión inesperada llega unas semanas después de que Estados Unidos incluyese a dos filiales de la petrolera rusa en su lista negra financiera acusándola de vender crudo venezolano (algo que va contra las sanciones estadounidenses), en otro intento de presionar a Nicolás Maduro, que ha tenido en Rosneft y tiene en Rusia uno de sus aliados más valiosos. Rosneft ha declarado que la decisión de vender se ha tomado para proteger los “intereses” de sus accionistas.
“Según los resultados del acuerdo, todos los activos y operaciones comerciales de Rosneft en Venezuela o relacionados con Venezuela se venderán, cerrarán o liquidarán”, informa Rosneft en un comunicado en el que ha precisado que la venta y cese en la participación incluye también las empresas conjuntas de Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda y Petrovictoria y otras. La petrolera rusa recibirá un paquete de sus propias acciones por una cantidad del 9,6%, una vez finalizada la transacción, según el comunicado publicado en su web.
El Gobierno ruso ha confirmado la adquisición, pero ha eludido responder qué compañía 100% propiedad del Ejecutivo ruso ha sido la compradora. Tampoco Rosneft lo ha aclarado. Rosneft y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tienen en marcha al menos cinco proyectos petroleros en Venezuela con una producción total de nueve millones de toneladas al año (el 7% de la producción total del país), según un informe de la agencia estatal de noticias rusa Tass. Ninguna de las partes informó que sucedería con estos programas.
“Tomamos una decisión basada en la protección de los intereses de nuestros accionistas como empresa pública internacional”, ha declarado el portavoz de Rosneft, Mijaíl Leontyev, a la agencia estatal Tass. La petrolera, que vende crudo a clientes europeos, espera que tras esto EE UU levante las sanciones contra sus filiales. “Realmente tenemos el derecho de esperar que los reguladores estadounidenses cumplan sus promesas públicas”, ha reconocido Leontyev.
Con la cesión de sus negocios en Venezuela, Rosneft, el mayor productor de petróleo de Rusia, espera sacudirse así otra ronda de sanciones estadounidenses por sus vínculos con Maduro. Pero la maniobra puede suponer solo un pequeño cambio de manos interno. Una subsidiaria propiedad del Estado ruso no tiene que responder ante sus inversores privados como debe hacerlo Rosneft.
Los principales accionistas de Rosneft son Rosneftegaz, de propiedad estatal (50% más una acción), British Petroleum (BP), con una participación del 19,75%, y la compañía qatarí QH Oil Investments (18,93%).
La venta se produce además muy poco después de que Estados Unidos haya ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por Nicolás Maduro tras acusarlo de “narcoterrorismo”, aumentando así la presión sobre el líder chavista.
Hace unas semanas, el departamento de Estado de Estados Unidos decidió imponer sanciones contra Rosneft Trading, registrada en Suiza y filial comercial de la compañía petrolera estatal rusa Rosneft, y contra su presidente, el portugués Didier Casimiro, por ayudar a Venezuela a comercializar su crudo. En ese momento, el secretario de Estado Mike Pompeo remarcó que la acción trataba de “cortar la línea de vida principal de Maduro» para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos en el sector petrolero venezolano. La sanción supuso la congelación de todos los activos de Rosneft Trading SA y Casimiro en EE UU o bajo control de alguna institución financiera estadounidense. Poco después, aplicó la misma medida a otra de sus filiales, TNK Trading International SA, también registrada en Suiza.
Además, el departamento de Estado advirtió que cualquier compañía que haga negocios con la empresa sancionada también podría ser incluida en la lista negra. Estados Unidos y otros más de 60 países, entre ellos España, consideran que la reelección del líder chavista en 2018 no fue legítima y en enero del año pasado reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado.
Fuente: El País
