Paula Martínez no soportó el calvario de vivir sabiendo que nunca encontraría justicia luego que 7 hombres la violaran en grupo en 2016. La joven de 23 años se quitó la vida tras esperar 5 años antes que comenzara el juicio contra los acusados.
El cadáver de Martínez fue hallado por su tío. Sus familiares revelaron a la prensa local que no era la primera vez que intentaba suicidarse, pero esta vez lo consiguió. Según describe La Nación, su cuerpo pendía de una cadena sostenida por un ventilador en el techo.
La joven no soportaba los constantes acosos que sufría por parte de los familiares de los detenidos. La amenazaron de muerte en reiteradas oportunidades, a pesar de las más de 30 denuncias que presentó contra ellos antes las autoridades, que poco hicieron para poder ayudarla.
Paula había sido internada en un hospital neuropsiquiátrico tras sus reiterados episodios suicidas. Tenía todo contra ella: no podía vivir con el recuerdo de aquella agresión sexual, el continuo hostigamiento y las esperanzas nulas de encontrar justicia.
“Desde ese momento, ellos están libres y se siguen manejando con total impunidad en el barrio, mientras yo estoy hace un año con siete criaturas adentro, corriendo peligro de vida. Y no pueden ir ni siquiera al jardín”, denunciaba ante la prensa.
El 10 de diciembre de 2016, La joven asistió a la fiesta de cumpleaños de una amiga que vivía al frente de su casa. Estuvo por unas horas allí hasta que empezó a sentirse mareada. Martínez contaría después en su testimonio que el primo de su amiga le puso algo en el trago que la obligó a perder el conocimiento.
Sin tener el control de su propio cuerpo, fue llevada por un grupo de hombres a una camioneta y trasladada a otro domicilio. En aquel lugar se encontraban alrededor de 10 sujetos. Al menos 7 de ellos la violaron en grupo.
Días después de la agresión, se presentó ante las autoridades para denunciar a los sujetos. Desde ese momento, empezó el hostigamiento. Según contó a la prensa, el mismo día en que hizo la primera denuncia, los victimarios la estaban esperando en el lugar para amedrentarla.
Según rescata la agencia RT, los funcionarios que recogieron su testimonio no habrían actuado con la sensibilidad requerida. En el documento redactado, indicaron que la joven estaba ‘alcoholizada’, cuando ella había declarado que la drogaron.
De otro lado, el médico legista tampoco aceptó su pedido de que la atienda una doctora; por el contrario, fue evaluada por un médico varón.
Han pasado cinco años desde la agresión que terminó con la vida de la joven. Está previsto que el inicio del juicio se de en marzo de 2022. Por lo pronto, uno de los denunciados está prófugo de la justicia.
