El mencionado fallo dispuso la suspensión de la vacunación de manera «inmediata» y hasta tanto no se cumplan una serie de requisitos estipulados por el juez.
Este ordenó al Ministerio de Salud Pública y Presidencia a publicar íntegros todos los contratos de compra» de las vacunas suministradas en el país, donde se inoculó con las de la farmacéutica china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.
También, que se elabore un texto para entregar a los responsables de los menores que se vayan a vacunar en el que se informe «con claridad» sobre determinados puntos, entre los que aparecen la composición de las vacunas y los riesgos que tenga.
Tras conocerse la sentencia, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la calificó como un disparate y avisó que el Gobierno apelaría el fallo de inmediato para que los padres pudieran volver a vacunar a sus hijos.
“El Gobierno respeta la ciencia y respeta la Justicia. Por eso, el Ministerio de Salud Pública está suspendiendo la vacunación voluntaria a menores. La segunda cosa que queremos decir es que este fallo lo vamos a apelar”, puntualizó ese día.
Agregó que la decisión del juez «pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar”.
