Estados Unidos confiscó este lunes en la República Dominicana el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una medida que, según CNN, está basada en las sanciones estadounidenses contra Venezuela. La aeronave, que ha estado en el país caribeño durante los últimos meses y cuyo valor se estima en unos 13 millones de dólares, fue trasladada a Florida en el transcurso del día.
Funcionarios estadounidenses indicaron a CNN que la incautación del avión, que es considerado el equivalente venezolano al Air Force One, se enmarca dentro de un esfuerzo por enviar un mensaje contundente: «Nadie está por encima de la ley ni del alcance de las sanciones estadounidenses», dijo uno de ellos. Este decomiso es inédito en términos de su relevancia y simbolismo, ya que no se había confiscado anteriormente un activo de tal magnitud relacionado con un jefe de Estado extranjero.
Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el motivo de la confiscación, se sugiere que la adquisición del avión pudo haber violado las sanciones impuestas por EE.UU. y otras normativas penales. La operación involucró a varias agencias federales y se realizó en estrecha colaboración con las autoridades dominicanas, quienes notificaron a Venezuela sobre la incautación.
Este hecho se produce en un contexto de creciente tensión entre EE.UU. y el gobierno venezolano. En abril, Estados Unidos había revertido parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, acusando a Maduro de incumplir sus compromisos electorales al inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado. Desde las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el gobierno estadounidense ha mantenido una postura crítica hacia el régimen de Maduro.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha criticado recientemente al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela por no defender los estándares internacionales de transparencia, calificando su comportamiento como una «violación inaceptable». Además, cuestionó el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de silenciar las voces de los votantes al respaldar la victoria de Maduro, que el CNE había proclamado.
En respuesta, el gobierno venezolano ha desestimado las críticas de EE.UU., argumentando que no está obligado a dar explicaciones sobre la reelección de Maduro. El canciller venezolano, Yván Gil, acusó al Departamento de Estado de EE.UU. de inmiscuirse en asuntos que considera ajenos a su competencia.
